La Federación Nacional de Docentes Universitarios inició este lunes un paro nacional que se extenderá hasta el viernes. Tras la medida de fuerza también salieron a la luz datos del gremio: los salarios docentes registraron una caída del 34% en términos reales desde la asunción del presidente Javier Milei, al considerar el impacto de la inflación.
En términos concretos, un docente con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió en enero un sueldo bruto de $305.604. En la comparación interanual, la pérdida también se mantiene, con una baja del 12,9% respecto de enero de 2025. El plan de lucha incluye nuevas jornadas de paro previstas para la semana del 20 de marzo y del 27 de abril, además de una marcha federal universitaria convocada para el 23 de abril.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró la emergencia salarial para docentes y no docentes, medida que también alcanza a profesionales de la salud, investigadores y trabajadores de extensión universitaria. La institución advirtió que el presupuesto nacional vigente no contempla lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario ni prevé actualizaciones acordes al proceso inflacionario.
El análisis del presupuesto educativo muestra una situación similar. Si bien en términos nominales los recursos destinados a la educación superior crecieron -pasando de $1,38 billones en 2023 a una proyección de $4,87 billones en 2026-, al ajustar esos valores por inflación se registra una caída significativa del financiamiento. Entre 2023 y 2025, la reducción real fue del 28,9%, mientras que la proyección para 2026 implica una baja del 34,3% respecto a 2023.
El conflicto también se vincula con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia es cuestionada por los gremios y las universidades. El Gobierno presentó recientemente un nuevo proyecto que propone aumentos salariales escalonados del 4,1% en tres tramos, pero elimina mecanismos de recomposición previos y la actualización automática por inflación.
Esta es la tercera vez que el Congreso aborda una normativa de este tipo durante la actual gestión. En 2024, la ley fue aprobada pero vetada por el Ejecutivo; en 2025, el Congreso logró sancionarla nuevamente y revertir el veto presidencial. Sin embargo, según denuncian las universidades, la norma no se está cumpliendo.
El Consejo Interuniversitario Nacional presentó una acción de amparo en diciembre de 2025, respaldada por más de 40 universidades públicas. Ese mismo mes, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que suspendió el decreto del Poder Ejecutivo que limitaba la aplicación de la ley, al considerar que existía una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
El Gobierno apeló la decisión en febrero de este año y avanzó con una nueva propuesta legislativa, mientras el conflicto universitario crece y crece cada vez más.
