El Ministerio de Justicia ordenó una auditoría formal por 180 días para revisar balances, contratos y la situación administrativa de la entidad madre del fútbol argentino, tras las reiteradas objeciones planteadas por la Inspección General de Justicia.
La administración nacional formalizó este lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una medida que tensiona al máximo la relación entre el Poder Ejecutivo y la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia. La resolución, que lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, establece un plazo de seis meses para relevar documentación crítica, revisar estados financieros y auditar los movimientos operativos de la institución con sede en la calle Viamonte.
La decisión administrativa surge como respuesta directa a un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que venía reclamando de forma persistente información contable que, según su criterio, no fue suministrada debidamente. El foco de la inspección estará puesto en los estados contables cerrados a mediados de 2025, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales, y la transparencia en los acuerdos comerciales vigentes con diversas firmas y personas físicas que se encuentran bajo observación.
Para llevar adelante esta tarea, han sido designados el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco. Ambos profesionales tendrán facultades amplias para acceder a libros, registros y soportes documentales, con la misión de elaborar informes periódicos y un reporte final sobre la salud institucional de la entidad. La medida busca echar luz sobre aspectos sensibles del manejo diario, sin que esto signifique, por el momento, un desplazamiento de las autoridades actuales o una alteración en el funcionamiento deportivo de la liga.
Uno de los puntos de mayor fricción que motivaron esta intervención es la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y la polémica en torno al domicilio legal de la asociación. La IGJ impugnó el intento de la dirigencia de trasladar su sede social a la provincia de Buenos Aires, calificando la maniobra como «ficticia» y ratificando que la entidad permanece bajo la jurisdicción porteña. Esta disputa jurisdiccional ha sido un eje central en los cuestionamientos sobre la validez de las asambleas y decisiones tomadas por la conducción de Tapia en el último período.
Desde el entorno de la calle Viamonte, la respuesta fue inmediata y tajante. La conducción de la AFA rechazó de plano la medida, calificándola como una «veeduría ilegítima» y negando cualquier tipo de irregularidad en la presentación de sus balances. A través de canales oficiales, la entidad adelantó que recurrirá a la vía judicial para intentar frenar el avance de los veedores, entendiendo que la disposición oficial representa una intromisión indebida en la autonomía de la asociación.
El despliegue de los veedores también pondrá la lupa sobre contratos específicos con empresas y representantes que han estado en el centro de las consultas administrativas previas. La fiscalización de estos vínculos comerciales es vista por la Casa Rosada como un paso necesario para regularizar la situación de una de las instituciones civiles más poderosas del país, en un contexto donde el modelo de gestión del fútbol argentino está siendo rediscutido en múltiples niveles.
A pesar de que esta auditoría no representa una intervención plena que desplace a la comisión directiva, abre un escenario de incertidumbre legal y política. El resultado de las pericias que realicen Pappacena y Ortiz de Marco será determinante para definir si el conflicto se salda con sanciones administrativas menores o si, por el contrario, deriva en una denuncia judicial de mayor envergadura que ponga en jaque la continuidad del actual esquema de poder en el fútbol.
Por ahora, el fútbol argentino ingresa en una etapa de vigilancia técnica que promete sumar nuevos capítulos en los tribunales. Mientras el Gobierno nacional busca consolidar su autoridad sobre los organismos civiles de alcance nacional, la AFA se abroquela en su estatuto y en el apoyo de sus clubes miembros para resistir lo que consideran un avance político sobre la autonomía deportiva.
