El Gobierno nacional profundizó su enfrentamiento con la industria textil al cuestionar el precio de la ropa en el mercado local y defender su política de apertura importadora, mientras que desde el sector empresario respondieron con duras críticas y advirtieron sobre el impacto en el empleo y la producción nacional. El cruce se da en un contexto de fuerte caída de la actividad: en los últimos dos años se perdieron más de 17.000 puestos de trabajo y cerraron más de 700 empresas vinculadas a la cadena textil-indumentaria.
Tras la reciente embestida oficial contra el Grupo Techint, la industria textil quedó ahora en el centro del discurso gubernamental. Los principales voceros de esta polémica fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes apuntaron contra los precios internos y relativizaron el efecto de las importaciones sobre el empleo local.
“Yo no compré nunca en mi vida ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”, afirmó Caputo, al sostener además que “hubo 47 millones de argentinos que debieron pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces más de lo que valen en el mundo”. Las declaraciones generaron un inmediato rechazo en el sector, que atraviesa uno de sus peores momentos en décadas.
Desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), su presidente Claudio Brescher respondió con ironía y dureza. “No compra ropa y tampoco compra autos, porque en la Argentina valen el doble, y no compra Big Mac, porque es el segundo más caro del mundo. O no compra aceite de oliva, que es más caro que en España. No compra neumáticos que valen tres veces más. No va al supermercado porque la comida argentina ya es más cara que en el mercado común europeo”, enumeró. En ese marco, expresó su decepción con el rumbo oficial: “El 80% de los empresarios votamos a este gobierno para que cambie la situación y vemos que no cambia. La sensación que tengo es que se convirtieron en parte de la casta”.
La polémica se intensificó con declaraciones de Adorni, quien en diálogo con el periodista Luis Majul minimizó el impacto laboral de la apertura comercial al afirmar: “Si importás un jean, explicame dónde se pierden puestos de trabajo”. Sus dichos coincidieron con un fuerte incremento de las compras en el exterior: en 2025 crecieron un 291,8% y representaron importaciones por USD 789 millones, según datos de la consultora ABECEB.
Las cifras del sector muestran un deterioro sostenido. De acuerdo con la CIAI, entre octubre de 2023 y 2025 se perdieron 17.658 puestos de trabajo en la industria textil. En el mismo período cerraron 523 empresas en toda la cadena textil-indumentaria y actividades afines, lo que representa una caída del 8,6%. En el segmento de confección, la reducción fue de unas 225 compañías menos, equivalente al 8%, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Brescher sostuvo que la brecha de precios entre los productos nacionales y los importados no se explica por ineficiencias productivas, sino por la elevada carga impositiva. “Quieren comparar Bangladesh con la Argentina, olvidándose de todos los impuestos que en dos años no pudieron desarmar. No sacaron ni uno”, afirmó. Entre los gravámenes que encarecen los precios finales mencionó el 21% de IVA, el 1,2% del impuesto al cheque, el 1,8% de arancel de las tarjetas de crédito y el 14,85% de recargo en compras en seis cuotas.
