El gobierno de Javier Milei afronta este lunes un nuevo vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de USD 800 millones en concepto de intereses de la deuda vigente, que asciende a cerca de USD 60.000 millones. El pago, que alcanza unos USD 870 millones, se concreta mediante Derechos Especiales de Giro (DEG) adquiridos al Tesoro de los Estados Unidos, en una operación que vuelve a poner en evidencia el rol central del respaldo financiero estadounidense para el cumplimiento de los compromisos externos argentinos.
El vencimiento estaba originalmente previsto para el 1° de febrero, pero al coincidir con un domingo fue trasladado al primer día hábil siguiente. Para cubrirlo, el Ejecutivo accedió al equivalente a USD 808 millones en DEG pertenecientes al Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos. La intervención del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, resultó nuevamente decisiva, como ya había ocurrido en octubre del año pasado, cuando se destrabó un pago similar en el marco de un acuerdo de swaps de monedas.
En esta oportunidad, aunque no se difundieron detalles oficiales, todo indica que se trató de una compra directa de DEG. El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó despejar cuestionamientos y sostuvo que no se trata de un nuevo préstamo, sino de una operación puntual destinada a obtener los instrumentos necesarios para cancelar el compromiso con el FMI. No obstante, las condiciones financieras de este tipo de acuerdos siguen siendo poco transparentes, ya que no se conocen públicamente tasas de interés ni plazos, tanto de esta operación como de antecedentes recientes, entre ellos la activación y posterior devolución de un swap por unos USD 2.500 millones durante el período preelectoral.
El pago se produce en la antesala de una instancia clave en la relación con el Fondo. En los próximos días comenzará la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones firmado en abril de 2025, para lo cual se espera la llegada de una misión técnica del organismo durante febrero. De esa auditoría dependerá un desembolso superior a los USD 1.000 millones, aunque las negociaciones se anticipan complejas.
El principal foco de tensión está puesto en la meta de acumulación de reservas. Según datos oficiales, al cierre de 2025 el Banco Central registraba un nivel de reservas USD 13.000 millones inferior a lo comprometido en el programa, medido con la metodología del propio FMI. Ante este desvío, el Gobierno buscará un nuevo waiver que le permita continuar con el acuerdo sin sanciones.
Días atrás, Caputo mantuvo un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante el Foro de Davos. En esa instancia, la titular del organismo destacó el inicio de la compra de reservas por parte del Banco Central, un gesto que el Ejecutivo intentará capitalizar en una negociación que será determinante para la continuidad del programa financiero y la estabilidad macroeconómica en los próximos meses.
