La Cámara Olivícola de San Juan encendió las alarmas frente al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y advirtió que su implementación, tal como está planteada, podría tener consecuencias graves sobre la producción de aceite de oliva, el empleo y la inversión en una de las economías regionales más importantes del país.
A través de un comunicado oficial, la entidad expresó su rechazo a los términos actuales del tratado y cuestionó el entusiasmo del Gobierno nacional por avanzar con el acuerdo sin atender las profundas asimetrías productivas y comerciales que enfrentan los productores locales. El texto del convenio, cuya aprobación fue recientemente postergada por el Parlamento Europeo y derivada a instancias judiciales, será tratado en el Congreso durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.
Si bien la Cámara Olivícola aclaró que no se opone de manera dogmática a un esquema de integración comercial, advirtió que el acuerdo con la Unión Europea dista de representar un verdadero libre comercio. “No se trata de una discusión técnica ni lejana. Tiene consecuencias directas y concretas sobre la producción de aceite de oliva”, señalaron desde la entidad, que definió el tratado como un sistema de “competencia subsidiada” que amenaza la sustentabilidad del sector.
El principal foco de preocupación es la apertura del mercado a aceites europeos, especialmente de origen español, producidos bajo fuertes esquemas de subsidios estatales. España concentra cerca del 50 % de la producción mundial de aceite de oliva y sostiene gran parte de su actividad gracias a la Política Agraria Común (PAC), además de ayudas nacionales y regionales que distorsionan los precios internacionales.
Actualmente, la Argentina aplica un arancel del 31,5 % al aceite de oliva importado, mientras que Brasil, principal destino del aceite argentino, mantiene uno del 10 %. El acuerdo prevé una reducción progresiva de esos aranceles en un plazo de 15 años hasta su eliminación total. Para el sector, avanzar en esa desgravación sin corregir las asimetrías equivale a abrir el mercado a productos cuyo precio no refleja su costo real de producción.
Los datos productivos refuerzan ese planteo. Mientras en regiones de España los rindes oscilan entre 300 y 700 kilos de aceite por hectárea, en San Juan se alcanzan entre 1.500 y 1.700 kilos, gracias a sistemas tecnificados, riego por goteo y cosecha mecanizada. Aun así, los aceites europeos logran competir, y muchas veces desplazar, a los nacionales en góndola debido al respaldo estatal que reciben.
El mercado brasileño aparece como otro punto crítico. Brasil importa más del 95 % del aceite de oliva que consume y representa un destino estratégico para la producción argentina. Desde la Cámara advierten que una reducción arancelaria también en ese país facilitaría el ingreso masivo de aceites europeos, profundizando la pérdida de competitividad del sector local.
A este escenario externo se suman los elevados costos internos que enfrenta la olivicultura argentina: presión impositiva, cargas laborales, logística y energía. En San Juan, donde el cultivo depende casi exclusivamente del riego por goteo, el costo energético es determinante. La provincia cuenta con unas 18.000 hectáreas productivas y más del 90 % del aceite elaborado es extra virgen, lo que convierte a la actividad en un pilar de su economía regional.
Desde la cámara indicaron que el planteo ya fue elevado al Gobierno nacional. Si bien reconocen como un aspecto positivo el plazo de 15 años para la desgravación, advierten que resulta insuficiente si no se avanza en políticas compensatorias y en la revisión de los subsidios europeos. “El problema no es la eficiencia, sino competir contra un producto cuyo precio no refleja su costo real”, concluyeron.
