El presidente Javier Milei confirmó que continuará profundizando el ajuste del gasto público, incluso más allá de lo aprobado por el Congreso, y dejó en claro que el objetivo del «déficit cero» seguirá guiando su gestión. «Voy a acomodar las partidas para tener déficit cero», afirmó, al anunciar que no vetará el Presupuesto 2026, ya aprobado en Diputados tras la eliminación de artículos clave como la derogación del Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad.
Desde que asumió, el Gobierno libertario ejecutó un recorte del gasto público estimado en 50 billones de pesos, según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. El ajuste acumulado equivale a unos 8.000 millones de dólares a precios constantes, una cifra que dimensiona la magnitud de la poda aplicada sobre el Estado.
De acuerdo con el informe, el gasto público primario se redujo un 27,2% en términos reales en apenas dos años: pasó de $185 billones a $134 billones, consolidando uno de los procesos de contracción fiscal más abruptos desde el regreso de la democracia.
El mayor impacto del ajuste se concentró en las transferencias a las provincias, profundizando la asfixia financiera sobre los gobiernos subnacionales. Las transferencias de capital cayeron un 93,8%, un recorte sin precedentes que golpeó directamente la obra pública, la infraestructura y la capacidad de inversión local.
También se registraron fuertes bajas en otros rubros sensibles: los subsidios se redujeron un 83,9%, la inversión real directa retrocedió un 73,5%, y el gasto salarial del Estado cayó un 26%, en un contexto de despidos, congelamiento de vacantes y pérdida del poder adquisitivo.
En términos absolutos, el mayor ajuste se aplicó sobre los programas sociales, que registraron una baja de $10,5 billones (a valores de noviembre de 2025), incluyendo recortes al bono para jubilados y pensionados. Le siguieron los subsidios a la energía, con $8,8 billones, y la inversión real directa, con $8,3 billones menos.
El gasto salarial se redujo en $6,3 billones, mientras que las transferencias de capital a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cayeron en $4 billones, profundizando el conflicto entre la Nación y los gobernadores.
Entre los grandes rubros, el PAMI mantuvo su nivel de gasto, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue el único ítem con aumento real: creció un 70%, lo que representa unos $2,7 billones adicionales. Este refuerzo, junto con la desaceleración inflacionaria y el crecimiento del empleo informal, es señalado por analistas como uno de los factores que explican la baja de la pobreza al 27,5% en el tercer trimestre, según datos oficiales.
Sin embargo, el balance general del modelo económico muestra un Estado cada vez más reducido, con recortes profundos en áreas clave y una advertencia explícita del Presidente: el ajuste no terminó. Lejos de moderarse, la «motosierra» promete seguir avanzando, ahora con el Presupuesto 2026 como nueva hoja de ruta.
