Las pequeñas y medianas empresas industriales atraviesan uno de los peores momentos de las últimas dos décadas. Bajo el actual esquema económico del gobierno de Javier Milei, el sector acumula diez trimestres consecutivos de caída en su nivel de actividad, en un contexto marcado por la contracción del consumo interno, la apertura importadora y la ausencia de políticas de protección productiva.
El dato surge del último informe de la Fundación Observatorio Pyme (FOP), que advierte sobre un escenario crítico para la industria nacional. El relevamiento, realizado sobre 425 empresas entre fines de septiembre y octubre, señala que durante el tercer trimestre de 2025 la producción pyme cayó un 7,5% interanual, mientras que la retracción acumulada alcanza el 4,1%, consolidando un ciclo recesivo que lejos de revertirse, se profundiza.
El informe describe un cuadro agravado por la inestabilidad cambiaria, la tensión financiera y un clima de incertidumbre política, pero sobre todo por un modelo económico que prioriza la desregulación y la apertura externa sin amortiguadores para el entramado productivo local. Las consecuencias ya se trasladan al empleo: el trabajo registrado en pymes industriales cayó 4,6% interanual, con un impacto especialmente severo en las empresas más chicas, de entre 10 y 49 empleados.
Las expectativas empresariales refuerzan el diagnóstico pesimista. El índice PMI-PyME, que anticipa el nivel de producción futura, se ubicó en 43 puntos, mientras que la confianza empresarial descendió a 44, ambos muy por debajo del umbral de 50 que marca expansión. En otras palabras, el sector no vislumbra una salida en el corto plazo.
Uno de los datos más alarmantes del informe es el avance de las importaciones sobre la producción local. Un 37% de las pymes declaró haber perdido mercado frente a productos importados, el valor más alto desde que se inició la serie en 2007. Dentro de ese universo, el 73,3% señaló a China como el principal origen de la competencia, desplazando a Brasil y dejando en evidencia el impacto de la apertura comercial sin regulaciones impulsada por el Gobierno.
A este cuadro se suma el aumento generalizado de costos: el 81% de las empresas registró subas en sus costos de producción, lo que pulveriza márgenes de rentabilidad ya debilitados. La fragilidad financiera se expresa en una cadena de pagos cada vez más tensa: el 52% de las pymes sufrió atrasos por parte de sus clientes, mientras que un 35% admitió dificultades para cumplir con proveedores, bancos y el fisco.
Lejos de tratarse de una crisis coyuntural, los datos reflejan el deterioro estructural de un sector clave para el empleo y la producción nacional. Mientras el gobierno de Milei insiste en un ajuste que castiga al mercado interno y favorece la importación, las pymes vuelven a quedar relegadas, pagando el costo social y productivo de un modelo que las empuja al borde del colapso.
