Con una votación ajustada y fuertes cuestionamientos de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Ley de Presunción de Inocencia Fiscal impulsado por el oficialismo. La iniciativa obtuvo 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones, y propone una profunda modificación del Régimen Penal Tributario que, en los hechos, reduce el alcance de la persecución penal por evasión.
El punto más controvertido del texto es la actualización de los montos mínimos a partir de los cuales la evasión pasa a ser considerada delito penal. El piso se eleva de $1,5 millones a $100 millones, un salto que para sectores opositores implica una virtual despenalización de conductas que hasta ahora eran alcanzadas por la legislación vigente.
Desde el Gobierno justificaron la medida en la necesidad de “descomprimir” el sistema penal y evitar la criminalización de infracciones menores. Además, sostuvieron que el proyecto busca incentivar la regularización de capitales no declarados, estimados oficialmente en unos 243 mil millones de dólares fuera del circuito formal. Sin embargo, críticos de la iniciativa advierten que la reforma beneficia principalmente a grandes contribuyentes y erosiona la capacidad del Estado para combatir la evasión en un contexto de fuerte ajuste fiscal.
El proyecto también redefine los criterios para la configuración de los delitos fiscales, limita los plazos de prescripción y establece la extinción de la acción penal en caso de que el contribuyente regularice su situación ante el fisco. Para la oposición, estos cambios consolidan una lógica de “premio al incumplidor” y envían una señal regresiva en materia de equidad tributaria.
El dictamen de mayoría, impulsado por La Libertad Avanza, contó con el acompañamiento de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales. En contraste, la izquierda presentó un dictamen de rechazo, mientras que Provincias Unidas optó por no suscribir ninguna propuesta. Unión por la Patria quedó como segunda minoría con un dictamen propio respaldado por 29 firmas, desde donde se cuestionó la orientación general de la reforma y su impacto sobre la recaudación y la justicia fiscal.
Con esta media sanción, el proyecto avanza ahora al Senado, donde se anticipa un nuevo debate en torno a los límites del derecho penal tributario y al rol del Estado en el control de la evasión en un escenario económico atravesado por recortes y caída de ingresos.
