El plenario de comisiones emitió dictamen para dar respuesta a la crisis del sector luego de que el Ejecutivo vetara la ley de emergencia aprobada el año pasado. El Gobierno nacional debió ceder y respaldar la iniciativa ante la exigencia de bloques aliados y de la oposición.
En un intento por contener la tensión social y responder a los reclamos de las familias y prestadores del sector, el Senado dio un paso clave para tratar de dar estabilidad a la cobertura de las personas con discapacidad. Este miércoles, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde (LLA) y Alicia Kirchner (Unión por la Patria), emitió dictamen favorable al proyecto de ley que busca restituir y plasmar de forma permanente los beneficios que el presidente Javier Milei había derogado mediante su veto a la ley de emergencia sancionada por el Congreso el año pasado.
La iniciativa, que se tratará en el recinto en la sesión fijada para el 19 de noviembre, cuenta con un amplio respaldo de la oposición y de los bloques provinciales. Ante la presión parlamentaria y la necesidad de evitar una nueva derrota política, La Libertad Avanza terminó sumándose al consenso de un texto que busca garantizar la continuidad de prestaciones esenciales para la salud, la inserción laboral y las pensiones, un esquema que había quedado en riesgo tras el congelamiento de fondos e intentos de recorte aplicados por la Casa Rosada.
Durante el debate, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, tuvo que reconocer la necesidad de acordar una salida y destacó aspectos del proyecto como la compatibilidad entre el trabajo registrado y el cobro de pensiones, además de los incentivos patronales para el empleo protegido. «El objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida», argumentó, en una clara admisión del impacto del reclamo social.
Pese al discurso del Ejecutivo nacional que busca presentar la medida como una muestra de diálogo, desde los sectores críticos remarcan que el proyecto surge como una respuesta directa para corregir el desamparo que generó el veto presidencial. La sanción de esta norma resulta imprescindible para que las personas con discapacidad no queden desprotegidas una vez que venza el marco normativo actual, garantizando por ley los derechos, coberturas de salud e integración que el Ejecutivo intentó recortar.
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