En una decisión inédita en la política exterior del país, el gobierno de Javier Milei retiró la candidatura de la Argentina para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el período 2026-2027. La medida no solo fue sigilosa sin anuncio oficial, sino que también rompe con una larga tradición de participación activa y reconocida del país en este órgano central de la ONU.
El Consejo, creado en 2006 y compuesto por 47 miembros, es el principal espacio intergubernamental destinado a promover y proteger los derechos humanos a nivel global. Argentina había ocupado un lugar en distintos períodos -2006-2007, 2009-2011, 2013-2015, 2019-2021 y 2022-2024-, llegando incluso a presidirlo en 2022 bajo la representación del embajador Federico Villegas. En esta ocasión, la postulación estaba prácticamente asegurada: existían dos vacantes para América Latina y dos candidatos, Argentina y Chile, con los votos ya comprometidos.
Según confirmaciones por parte de organismos de derechos humanos (como Amnistía Internacional), la decisión fue comunicada al representante argentino ante la ONU en Nueva York, Francisco Troppepi, quien deberá trasladarla a la sede de Ginebra, donde funciona el Consejo. En su lugar, el puesto será ocupado por Ecuador, en las elecciones que tendrán lugar en octubre próximo en la Asamblea General de la ONU.
La resolución se ubica alineadamente con opositores al funcionamiento del Consejo y, en general, de la ONU como lo son Donald Trump y Benjamin Netanhayu.
Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, el retiro de la candidatura implica una pérdida significativa para la tradición argentina en materia de derechos humanos. La organización recordó que ser parte del Consejo permite presentar resoluciones, votar en condenas a países que violan derechos fundamentales y participar en la creación de misiones de investigación. “La participación de Argentina en el Consejo es parte de su integración internacional y compromiso con el multilateralismo. Su retiro debilita esa tradición y envía una señal preocupante sobre la voluntad del Gobierno de sostener un compromiso con los derechos de las y los argentinos en el mundo”, señaló la entidad en un comunicado.
