En la víspera de una movilización masiva a Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 2 notificó la detención de la ex presidenta y ordenó su arresto domiciliario en su vivienda del barrio Constitución.
En un fallo que generó un fuerte impacto político y social, la Justicia ordenó este martes la detención formal de Cristina Fernández de Kirchner, otorgándole el beneficio de prisión domiciliaria. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal Nº 2, que la notificó de la medida en la previa de la anunciada movilización popular hacia los tribunales federales de Comodoro Py, donde miles de personas comenzaron a concentrarse para expresar su apoyo.
La ex mandataria, actual presidenta del Partido Justicialista, cumplirá la pena en su domicilio ubicado en San José 1111, barrio de Constitución, bajo estrictas condiciones impuestas por el tribunal. La resolución judicial establece que deberá “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”, aunque no detalla qué conductas podrían considerarse violatorias de esta norma, lo que deja espacio a interpretaciones discrecionales.
Además, se restringieron las visitas al domicilio. En un plazo de 48 horas hábiles, Fernández de Kirchner deberá presentar un listado con los nombres de las personas que conforman su grupo familiar, sus abogados, médicos tratantes y custodios. Solo estas personas podrán ingresar sin autorización judicial previa. Cualquier otra visita deberá ser previamente justificada y autorizada por el tribunal.
El fallo también impone la obligación de permanecer en el domicilio, del cual no podrá ausentarse salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. Toda salida deberá contar con la autorización previa del tribunal.
Le colocarán una tobillera electrónica
Como parte del cumplimiento de la medida, el tribunal ordenó la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera) a la ex presidenta. La ejecución estará a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La defensa de Cristina Kirchner había solicitado que no se le colocara el dispositivo, por considerarlo innecesario. Sin embargo, el tribunal desestimó el planteo, argumentando que no se acreditaron motivos de salud ni razones de peso para exceptuarla de esa obligación.
Asimismo, se pidió a un equipo interdisciplinario y al órgano de control creado por la Ley 24.050 que elabore un informe que evalúe la pertinencia de esta medida en el caso concreto, dejando abierta la posibilidad de revisión en función del análisis técnico que se presente.
La decisión judicial se produce en un contexto de alta tensión política, donde amplios sectores del oficialismo y organizaciones sociales denuncian una condena de carácter político y un intento de proscripción contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner.