La Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) atraviesa una fuerte crisis institucional luego de la difusión pública de información que vincula a su interventor, Marcelo Petroni, con decisiones supuestamente influenciadas por el entorno del diputado nacional Martín Menem y su socio Sergio Aguirre.
El conflicto escaló con una polémica resolución que impacta directamente en los 400 trabajadores de la entidad.
Recorte retroactivo y eliminación de adicionales
A través de la Resolución N° 122, firmada el 26 de mayo, Petroni eliminó una serie de adicionales y asignaciones complementarias que los trabajadores venían cobrando desde hace más de cinco años. La medida tiene carácter retroactivo, lo que implica un descuento en los haberes ya percibidos por los empleados, generando un fuerte malestar interno.
Además, se suspendieron las actualizaciones salariales acordadas en paritarias, acumulando una deuda del 29,5 % en relación con los sueldos vigentes. Los trabajadores aseguran que mientras se aplican estos recortes, algunos cargos jerárquicos mantienen sus beneficios sin alteraciones.
Acusan direccionamiento de fondos
Las críticas hacia la intervención se intensificaron tras la revelación de vínculos entre Sergio Aguirre, médico y socio comercial de Martín Menem, y decisiones clave dentro de la obra social. Según trascendió, Aguirre tendría influencia directa en la atención a proveedores y manejo de recursos, incluso fuera del edificio de OSPRERA, en oficinas ubicadas cerca del Hipódromo de Palermo.
Aguirre y Menem son propietarios de la firma TR NUTRITION SRL, comercializadora de la marca Trustein, y la sospecha es que la obra social habría direccionado fondos públicos hacia intereses privados relacionados con esta sociedad.
Reacción gremial de UATRE
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), conducida por José Voytenco, respondió de manera contundente. A través de una carta documento, intimó al interventor Petroni a dejar sin efecto la resolución que recorta los adicionales, restituir las condiciones laborales previas y retomar las negociaciones paritarias.
Desde el gremio calificaron la resolución como un atropello a los derechos adquiridos por los trabajadores y adelantaron que podrían tomar medidas gremiales si no se da marcha atrás, incluyendo asambleas, acciones judiciales y protestas públicas.
Un conflicto que escala
OSPRERA es una de las obras sociales más grandes del país en cantidad de afiliados y recursos manejados. El conflicto actual, que mezcla decisiones administrativas con acusaciones de corrupción política, abre interrogantes sobre la transparencia de la intervención y la responsabilidad del Estado en el manejo de fondos que pertenecen a los trabajadores.
La situación se encuentra en pleno desarrollo. Se esperan nuevas definiciones por parte de las autoridades y un posible endurecimiento de la postura gremial si no se logra una solución en el corto plazo.