En medio de un fuerte ajuste fiscal y crecientes tensiones con las provincias, el Gobierno nacional presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”, una iniciativa que, bajo el argumento de fomentar la actividad económica, abre la puerta al blanqueo encubierto de dinero no declarado y debilita gravemente los controles sobre la evasión tributaria.
El texto propone modificar el Régimen Penal Tributario, elevando drásticamente los montos a partir de los cuales el Estado puede investigar delitos de evasión: de $1,5 millones a $100 millones en el caso de evasión simple, y de $15 millones a $1.000 millones para evasión agravada. Esto significa que una enorme franja de maniobras ilegales quedaría directamente fuera del radar judicial.
Además, el proyecto reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción de las deudas tributarias, limitando el tiempo que tiene el Estado para accionar frente a irregularidades. En paralelo, establece que la Agencia de Recaudación (ARCA) no iniciará acciones penales si el contribuyente paga su deuda e intereses, mecanismo que podría beneficiar a grandes evasores, permitiéndoles zafar de consecuencias penales simplemente con un pago, y sólo una vez.
Uno de los puntos más polémicos es la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que prevé un “blindaje fiscal permanente” para quienes ingresen, siempre que su patrimonio no supere los $10.000 millones. Este sistema exime a los contribuyentes de declarar variaciones patrimoniales y elimina controles sobre sus consumos, en lo que representa, en la práctica, una invitación a blanquear ingresos no declarados sin consecuencias.
El artículo 39 del proyecto agrega que si se acepta la declaración jurada generada por ARCA y se paga en término, el pago tendrá efecto liberatorio, salvo que se hayan omitido ingresos, lo que reduce aún más el margen de fiscalización real.
En una avanzada sin precedentes contra las autonomías fiscales, la norma también propone unificar los plazos de prescripción de tributos provinciales, municipales y de CABA con los establecidos a nivel nacional, eliminando la potestad de los gobiernos locales para legislar en la materia.
En el área de seguridad social, otro aspecto clave, el proyecto propone reducir de 10 a 5 años el plazo para que el fisco reclame por incumplimientos, y extinguir acciones penales ya iniciadas contra evasores en este rubro, lo que implica un retroceso preocupante en la protección de los recursos de jubilados y trabajadores.
Aunque el Gobierno presenta esta ley como un intento por “desburocratizar” el sistema fiscal y “alentar la inversión”, la letra chica del proyecto evidencia una preocupante flexibilización que puede derivar en impunidad fiscal, desigualdad ante la ley y un nuevo canal para legalizar dinero de origen ilícito.