El presidente Javier Milei volvió a tensionar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso al presionar públicamente a los senadores para que rechacen el proyecto de ley que busca mejorar los haberes jubilatorios. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone un aumento del 7,2% para las jubilaciones mínimas y eleva el bono complementario de 70.000 a 110.000 pesos.
Desde el Gobierno nacional consideran que el proyecto representa una amenaza para el equilibrio fiscal. Con un mensaje directo, Milei pidió que el Senado no respalde la propuesta y dejó en claro que, en caso de avanzar, no dudará en vetarla.
El jefe de Estado sostuvo que no permitirá “ninguna medida que atente contra el déficit cero”, reafirmando su línea de ajuste como política central de gestión. La presión ejercida sobre los legisladores fue contundente: advirtió que su administración no tolerará iniciativas que impliquen mayor gasto social si no cuentan con respaldo presupuestario.
La postura del Ejecutivo fue replicada por funcionarios del entorno presidencial, que ratificaron la decisión de bloquear cualquier intento por modificar el esquema fiscal, incluso si eso significa dejar sin aumentos a los sectores más vulnerables.
Desde distintos bloques opositores, senadores cuestionaron la actitud del presidente, a quien acusan de actuar con desprecio hacia los jubilados y de gobernar con un enfoque autoritario, basado en la amenaza constante como herramienta de negociación política.
El Senado deberá definir en los próximos días si avanza con la sanción del proyecto o si responde a las presiones del Ejecutivo. En caso de que el veto se concrete, el Congreso solo podrá revertirlo con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.
El conflicto por el aumento a los jubilados refleja la disputa de fondo por el modelo de país: mientras el Gobierno defiende su política de ajuste extremo, buena parte del arco político y social reclama medidas que protejan a los sectores más golpeados por la crisis.