El reconocido abogado especialista en derecho, Andrés Gil Domínguez, ha manifestado su contundente rechazo al reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que autoriza la toma de nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A través de su cuenta de X, Gil Domínguez enfatizó que esta medida representa «otra muestra más de autocracia y neofascismo» en el ejercicio del poder.
El abogado argumenta que el DNU es nulo de nulidad constitucional absoluta e insanable, ya que no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Según este artículo, el presidente no puede tomar decisiones de tal envergadura sin el debido proceso legislativo, lo que incluye la consulta y aprobación del Congreso.
Gil Domínguez critica que el Poder Ejecutivo, al no incorporar el texto del acuerdo con el FMI en el DNU, actúe como un reemplazo del Congreso. Al autorizarse a sí mismo a suscribir los instrumentos necesarios para concretar la nueva deuda, incluso delegando esta facultad en el Ministro de Economía o en cualquier autoridad designada, el DNU se erige como un acto que transgrede la división de poderes, un principio fundamental de la democracia argentina.
«En un tema que compromete a las generaciones futuras y que está previsto como una facultad del Congreso de la Nación (artículo 75, inciso 7, de la Constitución Argentina)», señala Gil Domínguez, «el presidente Javier Milei arrasa con la división de poderes y desconoce el sistema republicano». Esta crítica se centra en la peligrosa concentración de poder en manos del Ejecutivo, lo que podría presagiar un camino hacia la suma del poder público.
El abogado también se dirige a los legisladores y legisladoras que, a su juicio, se comportan como cómplices en este proceso. «Son aquellos que mirar hacia otro lado por un mísero cargo o prebenda, que en breve, cuando lleguen a sus despachos, no van a poder entrar porque el Poder Ejecutivo Nacional les cambió la cerradura», advierte, subrayando la urgencia de una respuesta en defensa de las instituciones democráticas.
Esta denuncia sobre la legalidad del DNU y su implicancia en la estructura del gobierno argentino se suma a un creciente sentimiento de alarma en el ámbito político y social sobre el estilo de gobernanza del presidente Milei, quien parece cada vez más dispuesto a priorizar su agenda sobre las normativas constitucionales establecidas. La comunidad, tanto ciudadana como política, deberá mantenerse atenta ante estos desarrollos, pues el futuro de la democracia en Argentina podría depender de la defensa de sus principios fundamentales.