El Gobierno anunció que la gestión, operación y mantenimiento de las rutas nacionales, actualmente a cargo de la estatal Corredores Viales S.A., serán transferidos al sector privado a través de un proceso de licitación. Esta medida busca reducir el déficit operativo de 30 millones de dólares que enfrenta la empresa, cubierto hasta ahora con fondos del Tesoro Nacional.
Las empresas concesionarias deberán financiar las obras y recibirán pagos solo cuando las rutas estén en condiciones. El Gobierno estima un ahorro de 5.600 millones de dólares a lo largo de 20 años. La licitación se realizará en dos etapas, abarcando más de 8.600 kilómetros de rutas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó la apertura del proceso como una oportunidad para aumentar la transparencia y eficiencia en la gestión de las rutas, en contraste con prácticas de gobiernos anteriores. Sin embargo, el sector privado expresó escepticismo, citando la incertidumbre económica y las dificultades para financiar proyectos bajo las condiciones actuales.
Además, el Gobierno anunció un aumento en los peajes que comenzará a regir el sábado, como parte de un ajuste por inflación.