Este miércoles, la Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, con 160 votos afirmativos, 84 negativos y 5 abstenciones no alcanzaron los dos tercios necesarios para rechazar la medida. La ley vetada buscaba ajustar los salarios de docentes y no docentes universitarios de acuerdo a la inflación, pero el Gobierno argumentó que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal, con un costo estimado en $811.569 millones.
El presidente Milei repitió la decisión tomada durante su intervención en la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), donde calificó el reclamo como «un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes». Esta declaración generó un fuerte rechazo en diversos sectores universitarios y sindicales.
Tras la ratificación del veto, los gremios universitarios anunciaron un paro total para este jueves en todas las universidades del país. El Frente Sindical de Universidades Nacionales emitió un comunicado expresando su indignación ante la decisión de la Cámara de Diputados. «Repudiamos a los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad», señaló el comunicado, que también denunció que «la voluntad popular ha sido defraudada».
Las organizaciones sindicales, entre ellas CONADU, FEDUN, CTERA, FAGDUT, FATUN y UDA, acusaron al Gobierno de imponer una política que afecta gravemente a la educación pública. “Se conformó una alianza política incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías», señalaron, e hicieron un llamado a la defensa de la universidad pública, la educación pública y las jubilaciones dignas.
En paralelo, estudiantes, docentes y agrupaciones de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) realizaron una asamblea y vigilia en el Rectorado, con el objetivo de planificar acciones en respuesta a la ratificación del veto. Estas manifestaciones reflejan el creciente malestar en las instituciones educativas del país, que se ven afectadas por la falta de financiamiento adecuado y los salarios rezagados en comparación con la inflación.
El panorama muestra una creciente movilización de la comunidad educativa en defensa de los recursos para la universidad pública y un conflicto que probablemente se profundice en los próximos días.