La provincia de La Rioja volvió a destacarse a nivel nacional tras conocerse un estudio de la consultora Politiké que, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), ubicó al aglomerado riojano como el de menor desigualdad en la distribución del ingreso familiar en el segundo trimestre de 2025.
Con un Índice de Gini de 0,245, el más bajo del país, La Rioja mostró una dispersión de ingresos sensiblemente menor que el promedio nacional, que se ubicó en 0,367. En el otro extremo, el aglomerado de Mar del Plata presentó la mayor desigualdad, con un índice de 0,397.
En términos prácticos, estos indicadores reflejan una estructura de ingresos más homogénea dentro del territorio riojano y una brecha más acotada entre los sectores de mayores y menores recursos.
El estudio destaca que este desempeño adquiere particular relevancia en un contexto económico adverso, marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de las brechas de ingresos en la mayoría de las provincias, producto de las políticas económicas del Gobierno nacional.
El rol de las políticas públicas provinciales
En contraste con la tendencia nacional, el caso riojano se posiciona como una excepción. Según la consultora, los datos oficiales del INDEC reflejan que La Rioja logró sostener un nivel de desigualdad más bajo gracias a un esquema de políticas públicas orientado a proteger a los sectores productivos, pymes y economías regionales.
El Gobierno provincial destaca que la estrategia se centró en acompañar al sector productivo, contener el deterioro del empleo y mantener herramientas de apoyo a productores y pymes para dinamizar la economía local.
Resistencia financiera en medio de la crisis
A pesar de la difícil situación nacional —que incluye la caída del consumo, la paralización de la obra pública y una deuda de 1.500 millones de dólares que Nación mantiene con La Rioja—, la provincia sostiene subsidios y asistencia financiera para sectores sensibles.
Entre las medidas se incluyen tarifas energéticas subsidiadas, apoyo a empresas estatales para evitar despidos y la búsqueda de nuevos acuerdos de financiamiento y alianzas con inversores privados, tanto locales como internacionales.
El objetivo, remarcan desde el Ejecutivo provincial, es preservar el empleo y proteger la producción local, aun en un escenario de restricciones y recortes nacionales.
