Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como el «Señor Jota», fue trasladado este martes desde la División de Caballería de la Policía Federal Argentina, en Palermo, hacia los tribunales de San Justo, donde será indagado como presunto autor intelectual del triple femicidio de Lara, Morena y Brenda, ocurrido en Florencio Varela.
Cubas Zavaleta, de nacionalidad peruana, permanecía detenido desde agosto por su presunta vinculación con la organización criminal «Los Pulpos de Trujillo». Mientras aguardaba su extradición a Perú, donde tiene un pedido de captura internacional por causas vinculadas al narcotráfico, las autoridades argentinas comenzaron a sospechar que continuaba operando desde su celda y que habría ordenado el brutal ataque.
De acuerdo con la investigación, un testigo señaló directamente al «Señor Jota» como quien planificó el triple femicidio y exigió recibir pruebas de que las víctimas estaban siendo torturadas antes de ser asesinadas. Según informó el periodista Diego Gabriele, «lo habían detenido el 27 de agosto, caminando por Lanús. Es miembro de «Los Pulpos», una banda criminal que ya había sido señalada en otros casos de extrema violencia. Un signo de su intervención son las mutilaciones: amputación de dedos y orejas, como las que sufrió Lara».
Durante los allanamientos realizados en la Alcaldía Cavia, dependencia de la División de Caballería donde estaba detenido, se halló una libreta con anotaciones que vincularían directamente al acusado con el crimen. También se incautaron los libros de guardia y el registro de visitas, ante la sospecha de que desde allí mantenía comunicaciones con miembros de la organización.
«El Señor Jota», de 31 años y oriundo de Trujillo, arrastra antecedentes por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia ilegal de armas. En Perú figura como jefe operativo de Tony Janzen Valverde, alias «Pequeño Jota», actualmente preso y a la espera de ser extraditado a la Argentina.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los controles dentro de las dependencias federales y las falencias del sistema penitenciario, que habrían permitido que un detenido por narcotráfico y crimen organizado siguiera coordinando actos de extrema violencia desde una unidad de la propia Policía Federal.
