Después de la violenta represión a jubilados y pensionados que manifestaban este miércoles frente al Congreso, el Gobierno nacional oficializó este jueves un bono previsional de $70.000 para agosto, sin actualizar el monto frente a la inflación. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 523/2025.
Mientras la mínima sube solo un 1,6%, el haber básico queda en $314.305,37, lo que representa una mejora real de apenas $5.000 respecto al mes anterior. Con el bono extraordinario, los jubilados de la mínima pasarán a cobrar $384.305 en total. Sin embargo, el bono sigue congelado en $70.000 desde marzo, a pesar del aumento sostenido en el costo de vida.
Quienes cobran entre $314.305 y $384.305 recibirán un bono proporcional para completar la diferencia. Por ejemplo, si un jubilado percibe $350.000 de haber, solo obtendrá $34.305 como refuerzo. En otras palabras, el ingreso real de la mayoría apenas se mueve, en un contexto de ajuste brutal.
El decreto intenta justificar la medida aludiendo a los “efectos adversos” de la fórmula de movilidad de la Ley 27.609, utilizada entre marzo de 2021 y diciembre de 2023. Según el propio texto oficial, dicha fórmula “no resguardaba el riesgo inflacionario” y generó un fuerte desfasaje entre los aumentos y la evolución de precios. Sin embargo, lejos de establecer una recomposición estructural, el Gobierno opta por mantener un esquema de bonos temporales y discrecionales, que no corrige de fondo la pérdida acumulada.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, se repitió el mecanismo: bonos extraordinarios en lugar de aumentos reales, y una estrategia de ajuste que castiga especialmente a los sectores más vulnerables. Entre enero y febrero se otorgaron refuerzos de $55.000, y desde marzo el monto subió a $70.000, pero nunca volvió a actualizarse.
El bono no es remunerativo, no es bonificable ni se integra al haber, por lo que no impacta en futuros aumentos ni en otras prestaciones asociadas. Además, en el caso de pensiones con copartícipes, el beneficio se calcula como si fuera para un solo titular, lo que reduce aún más el ingreso por persona.
En resumen, el Gobierno consolida una política de abandono hacia los adultos mayores: reprime sus reclamos en las calles y, al día siguiente, anuncia con tono triunfalista un “aumento” que no alcanza ni para cubrir una semana de medicamentos.
