Luego del revés judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes”, el Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión que dejó sin efecto la herramienta impulsada durante la gestión de Patricia Bullrich y cuestionada por organismos de derechos humanos por vulnerar el derecho a la protesta.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, adelantó que el Ejecutivo buscará revertir el fallo del juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien había frenado la vigencia del protocolo tras un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
A través de un mensaje publicado en la red social X, Monteoliva criticó la resolución judicial y defendió la iniciativa. “Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, expresó la funcionaria.
En la misma línea, aseguró que el Gobierno no retrocederá en su postura. “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”, afirmó, y agregó que el Ejecutivo lo defenderá “a toda costa” por considerarlo una herramienta central de su política de seguridad.
También volvió a pronunciarse sobre el fallo la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, impulsora original del protocolo. En sus redes sociales, cuestionó duramente al magistrado y puso en duda la legitimidad de la decisión judicial. “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno”, escribió.
Bullrich fue más allá y apuntó contra quienes celebraron el fallo. “¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, sostuvo, y afirmó que los principales perjudicados son “los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”. “El orden no se negocia. No daremos ni un paso atrás”, concluyó.
El fallo de Cormick, conocido este lunes, declaró la nulidad del protocolo al considerar que habilitaba prácticas contrarias a la Constitución Nacional y avanzaba sobre derechos fundamentales como la libertad de expresión y la protesta social. La resolución judicial se originó a partir de una presentación del CELS, que advirtió sobre el carácter represivo de la medida y su incompatibilidad con la normativa vigente.
