Luego de que el gobierno de Milei decidiera disolver la Dirección de Vialidad Nacional, la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de generar «rutas nacionales de la muerte» ante la falta de regulación, monitoreo y auditoría por parte del Estado.
En el marco del plan de ajuste que realiza el gobierno Nacional, ayer se confirmó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, lo que encendió las alarmas en el sector.
La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, fue una de las principales voces que criticó la medida e hizo responsables a Milei y Sturzenegger, de generar «rutas nacionales de la muerte» ante la falta de regulación, monitoreo y auditoría por parte del Estado.
«Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas», sentenció Aleñá.
En el decreto, el gobierno nacional decidió eliminar el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, y traspasar sus funciones al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Aleñá anticipó que con la decisión del Gobierno «más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura», y advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que «valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE». «Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras», espetó.
«La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira», señaló Aleñá al hacer un «un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte». «El mismo apunta a más roles de las Fuerzas de Seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las Fuerzas», cuestionó, ante la desaparición de un ente civil estatal.