La abogada y titular de la Unidad Ejecutora Contra Ciberdelincuencia cuestionó los cambios que el gobierno nacional realizó a reestructuración de la Policía Federal y la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el Departamento Federal de Coordinación (DFC). Según Santángelo Carrizo, esta normativa implica un riesgo directo para el Estado de derecho y los derechos constitucionales básicos.
Tras la publicación del decreto, que busca concentrar el accionar de la fuerza en la prevención e investigación de delitos federales y complejos, Santángelo Carrizo alertó desde sus redes sociales sobre los peligros que esto representa en materia de derechos humanos.
“El Decreto 383/2025, al conferir facultades amplias al DFI sin la debida regulación ni controles, vulnera derechos constitucionales (libertad personal, intimidad, debido proceso, integridad física)”, explicó la abogada como así también detalló que el decreto viola el artículo 40 de la nueva constitución de La Rioja referido a “Macrodatos”.
A su vez, identificó “riesgos” que la nueva vulnera, “La ampliación de facultades sin controles judiciales ni normativa clara pone en jaque derechos constitucionales y principios republicanos”, indicó Santangelo Carrizo dado que, con el nuevo decreto, la Policía Federal podrá detener personas sin intervención judicial previa, siempre que existan indicios fundados de que alguien haya cometido o pueda cometer un delito.
También señaló que “El decreto habilita recolección masiva sin respaldo normativo ni garantías formales exigidas por la Constitución provincial (arts. 9, 20, 40)” puesto que la Policía Federal quedó habilita a realizar, sin autorización judicial, prevención del delito en espacios públicos digitales: redes sociales, webs y fuentes abiertas
Santangelo Carrizo apuntó contra la falta de controles y fiscalización sobre la nueva reestructuración de la Policía Federal ya que “No se prevé mecanismo independiente de evaluación, apelación o rendición de cuentas, lo que afecta la legalidad, transparencia y participación ciudadana”.
Frente a este panorama, propuso avanzar de forma urgente en la sanción de una ley específica que reglamente el artículo 40 de la nueva Constitución provincial, estableciendo límites, procedimientos y garantías para el uso de macrodatos por parte de las fuerzas de seguridad. “Y aunque parezca insólito ante este contexto, es necesario remarcar que debe existir control judicial”, insistió.
Entre sus propuestas también incluyó la implementación de mecanismos de supervisión como comisiones legislativas o defensorías, y la creación de canales específicos para la presentación de recursos como hábeas data o amparos por parte de las personas afectadas.
Finalmente, lanzó una advertencia con tono irónico: “Así las cosas, no falta tanto para que quienes se apropiaron irónicamente del término ‘Libertad’, convenzan a la ciudadanía de colmar las redes sociales con expresiones como: ‘Qué alivio saber que nos vigilan… para que no abusemos de nuestra libertad’”.
