En medio de crecientes tensiones con la oposición y a pocas semanas del recambio legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió que el oficialismo vetará el Presupuesto 2026 si el texto no garantiza el «equilibrio fiscal» que exige el presidente Javier Milei. «Si no, esto no va a funcionar, vamos a ir directamente al veto», amenazó.
Durante una entrevista con Radio Mitre, Menem insistió en que el único Presupuesto aceptable será aquel que refleje la política de ajuste del Gobierno. «Ojalá reine toda esta gran pelea del Presidente, de un Presupuesto con superávit fiscal que alcance para pagar los gastos corrientes y los intereses de la deuda contraída, y que la Argentina siga en equilibrio», sostuvo.
Sin embargo, el mensaje fue interpretado como una advertencia directa al Congreso, donde la oposición conserva la mayoría y reclama mayor flexibilidad para discutir el destino de los fondos públicos. «Esperemos que reine la racionalidad», remarcó Menem, en un tono que volvió a poner en evidencia la falta de diálogo entre el oficialismo y el resto de las fuerzas políticas.
El proyecto de Presupuesto 2026 ya fue girado a comisión, donde deberá obtener dictamen antes de su tratamiento en el recinto. Menem se quejó del procedimiento parlamentario y de que el texto será debatido por legisladores que «entraron en diciembre de 2021, en una Argentina absolutamente distinta». «Lo que eligió la gente ahora no tiene nada que ver. Esas son las disparidades del sistema que tenemos que corregir», añadió.
En su discurso, el titular de la Cámara buscó responsabilizar a la oposición por la demora en el tratamiento del proyecto, pero evitó reconocer la falta de consensos generada por la estrategia de Milei de imponer decisiones económicas sin negociación política. «Emplazar te obliga a dictaminar. No van a estar todos los temas discutidos y vamos a tener un dictamen, vaya a saber cómo», concluyó Menem.
El oficialismo vuelve así a tensionar la relación con el Congreso y deja en claro que no está dispuesto a aceptar modificaciones que cuestionen su programa de ajuste, incluso a costa de un nuevo conflicto institucional.
