En un gesto político contundente, el Congreso salió al cruce del plan de Javier Milei de desmantelar Vialidad Nacional. A través de un proyecto impulsado por senadores peronistas, buscan resguardar institucionalmente el organismo ante el avance autoritario del Ejecutivo.
Lejos de una reforma planificada, el intento de desmantelar Vialidad Nacional responde a la obsesión del gobierno por mostrar ajuste, aun a costa de paralizar áreas estratégicas del Estado. La eliminación de un organismo con más de 90 años de historia, clave en el desarrollo de la infraestructura vial del país, fue presentada como una “modernización”, cuando en realidad implicaba una pérdida brutal de capacidades técnicas, miles de puestos de trabajo en riesgo, y un nuevo paso hacia el vaciamiento del Estado.
En respuesta, un bloque de senadores del peronismo presentó un proyecto de ley para blindar el funcionamiento de Vialidad Nacional y declarar la emergencia del sistema vial por dos años. No se trata solo de una reacción parlamentaria: es un freno político a una deriva autoritaria que pretende reconfigurar el Estado por la vía del decreto, sin respetar ni el Congreso ni la Constitución.
El proyecto busca impedir que el Ejecutivo avance en su idea de transformar Vialidad en una sociedad anónima, y al mismo tiempo establece mecanismos concretos para garantizar su continuidad operativa: relevamiento de rutas, protocolos de emergencia, ampliación presupuestaria y un marco legal que preserve el carácter público del organismo.
Lo que está en juego no es solo el futuro de Vialidad Nacional, sino el modelo de país. Mientras el gobierno insiste en aplicar un ajuste brutal con consecuencias visibles en cada rincón del país —obras paralizadas, rutas sin mantenimiento, abandono del interior—, desde el Congreso comienzan a levantarse voces que plantean otra lógica: un Estado presente, planificador y articulador del desarrollo territorial.
Este nuevo episodio se suma a una larga lista de decisiones unilaterales, improvisadas y regresivas, que ya provocaron conflictos en el ámbito educativo, científico, sanitario y productivo. En todos los casos, el Ejecutivo avanzó por la fuerza, desoyendo advertencias técnicas, judiciales y sociales. La diferencia, esta vez, es que el límite apareció en el Poder Judicial y ahora también en el Congreso.
La pulseada por Vialidad Nacional no es un hecho aislado. Es el síntoma de un modelo de gobierno que desprecia el consenso, concentra decisiones en pocas manos y atenta contra las instituciones bajo el discurso de la libertad. Y en ese camino, cada vez son más los actores que empiezan a decir basta.