La Justicia federal avanza sobre un escándalo que expone la posible trama de corrupción detrás de los fondos destinados a la atención de personas con discapacidad. Más de 600 contratos firmados entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina SA, vinculada a la familia Kovalivker, están bajo la lupa por sospechas de sobreprecios, licitaciones direccionadas y una ruta de coimas que podría comprometer a funcionarios de primera línea del actual gobierno.
De acuerdo a la investigación, esos convenios habrían movido más de 55 mil millones de pesos desde comienzos de 2024, concentrando las compras públicas en una sola empresa. El fiscal Franco Picardi indaga si hubo precios inflados y contratos amañados para beneficiar de manera sistemática a la firma, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, trabaja en reconstruir el circuito de pagos ilegales que habrían garantizado la continuidad del negocio.
La documentación secuestrada incluye facturas, expedientes, correos internos y pruebas que demostrarían cómo la droguería fue favorecida a través de mecanismos de contratación directa vigentes desde 2017, lo que habría facilitado la concentración de recursos en manos de la familia Kovalivker. La hipótesis judicial sostiene que existieron dos líneas paralelas pero conectadas: irregularidades en las compras públicas mediante adjudicaciones direccionadas y montos por encima del mercado, y un sistema de sobornos a funcionarios para garantizar el negocio.
El expediente salpica de lleno a la cúpula política del oficialismo. Entre los denunciados figuran el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, el ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y el empresario Eduardo Kovalivker, histórico controlador de la droguería y señalado como articulador de las operaciones sospechadas. La imputación incluye delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y violación a la Ley de Ética Pública.
La causa se disparó tras la filtración de audios de Spagnuolo, en los que se mencionan directamente a Lule Menem y a Karina Milei. Esas grabaciones fortalecieron las sospechas y terminaron por abrir un expediente que hoy se perfila como una de las investigaciones más sensibles sobre el manejo de fondos públicos en la gestión de Milei, con epicentro en los recursos destinados a los sectores más vulnerables.
