La gestión libertaria busca avanzar en el Congreso con la desprotección de los recursos naturales mientras la Policía de la Ciudad reprime a quienes defienden el agua y el medio ambiente.
En una nueva jornada marcada por la intolerancia oficial, las inmediaciones del Congreso se convirtieron en el escenario de una cacería policial. Mientras dentro del recinto LLA presiona para obtener la sanción definitiva de la Ley de Glaciares, un proyecto que, bajo el disfraz de la «productividad», abre la puerta a la explotación minera indiscriminada, en las calles la respuesta al reclamo social fue la de siempre, el uso de la fuerza pública para acallar la disidencia.
Los incidentes se desencadenaron en el cruce de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Allí, efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron sobre las columnas de manifestantes y organizaciones ambientales que se movilizaban pacíficamente con objetivo, según dejaron trascender fuentes oficiales, «encorsetar» la protesta, pero el resultado fue el habitual despliegue de violencia estatal para garantizar que el ajuste y el extractivismo no tengan obstáculos.
Hasta el momento, se confirmó la detención de un activista en medio de un operativo desmedido. La estrategia del Ministerio de Seguridad parece clara, criminalizar la protesta ambiental para evitar que el descontento social por la entrega de los recursos estratégicos escale.
