El Gobierno argentino oficializó este jueves la reforma migratoria mediante el Decreto 366/2025, introduciendo cambios significativos en la Ley de Migraciones N° 25.871. Las modificaciones incluyen criterios más estrictos para la admisión y permanencia de extranjeros, así como nuevas condiciones para acceder a servicios de salud y educación.  
La reforma redefine las categorías migratorias y establece que el acceso a derechos como salud, educación y trabajo dependerá del estatus migratorio del solicitante. Se intensificarán los controles documentales y se aplicarán sanciones más severas a quienes ingresen de forma irregular o presenten información falsa.
En el ámbito sanitario, se garantiza la atención en casos de emergencia a todos los extranjeros, independientemente de su situación migratoria. Sin embargo, para acceder a tratamientos médicos habituales en establecimientos estatales, los no residentes permanentes deberán presentar un seguro de salud o abonar previamente el servicio.
La reforma asegura que los menores extranjeros, incluso en situación migratoria irregular, tendrán acceso a la educación inicial, primaria y secundaria en instituciones públicas y privadas. No obstante, las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, aunque estos podrán acceder a becas si lo permiten los estatutos o convenios vigentes.
Se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, destinada a otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros que realicen inversiones significativas en el país. Esta medida busca fomentar la llegada de capitales y generar empleo.