Por Mariangel Oviedo Andrada
La nueva reforma laboral presentada por el Gobierno reabrió un debate de fondo sobre el modelo de trabajo que tendrá la Argentina en los próximos años. El proyecto propone una reconfiguración profunda del sistema normativo, con la eliminación de estatutos especiales y la unificación de actividades bajo el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. Entre esos estatutos, uno de los más significativos es el Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1946.
Un marco legal que estructura una profesión clave
El Estatuto del Periodista no solo establece condiciones de ingreso, estabilidad, jornada y remuneración: reconoce que el periodismo es una actividad de interés público y requiere protecciones particulares para que quienes la ejercen puedan hacerlo sin presiones económicas o políticas. Su derogación significaría un cambio de paradigma: los trabajadores de prensa quedarían sujetos a un régimen genérico que no contempla especificidades fundamentales del oficio.
En términos sociales, la eliminación de este estatuto abre interrogantes sobre la calidad informativa y la independencia profesional en un contexto donde las redacciones atraviesan reducción de personal, multitarea creciente y salarios deteriorados. En un oficio donde la estabilidad es un resguardo frente a presiones externas, recortar derechos puede traducirse en menor capacidad para investigar, denunciar y controlar al poder, con impacto directo en el derecho ciudadano a la información.
Implicancias más amplias de la reforma
Aunque el Gobierno sostiene que la flexibilización laboral es un camino hacia la modernización y la reducción de costos, para amplios sectores sociales el proyecto implica una pérdida de protecciones históricas. La eliminación de estatutos especiales afecta a diversas actividades cuya regulación específica surgió de décadas de discusión legislativa y de reconocimiento de condiciones peculiares de trabajo.
En un país con altos niveles de informalidad, brecha salarial y volatilidad económica, debilitar marcos protectores puede ampliar desigualdades y aumentar la rotación laboral. La discusión, así, trasciende lo jurídico: se trata del modelo social que se quiere construir y del lugar que ocuparán los trabajadores en una economía más flexible pero posiblemente más inestable.
Lo que dijeron los gremios de prensa
Diversos gremios del sector emitieron comunicados públicos expresando su postura frente a la eliminación del Estatuto del Periodista:
FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa)
En su mensaje oficial, la federación expresó:
“Rechazamos la reforma laboral. Defendemos el Estatuto del Periodista y todas las conquistas laborales.”
La organización señaló además que el proyecto representa un retroceso de 80 años en materia de derechos para el sector.
SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires)
El sindicato sostuvo que la reforma constituye “un ataque a quienes trabajamos y al periodismo” y advirtió que la iniciativa “busca borrar un siglo de derechos”. Ambos mensajes dan cuenta de la preocupación por la pérdida de un marco que hoy protege condiciones laborales específicas.
Un debate que excede lo sectorial
La discusión sobre el Estatuto del Periodista no es meramente gremial: es estructural. Se relaciona con la calidad democrática, la protección de la libertad de expresión y el derecho social a recibir información veraz, independiente y diversa.
La reforma laboral avanza en un sentido que obliga a repensar cuál es el equilibrio entre modernización y protección, entre competitividad y derechos, entre eficiencia económica y garantías sociales.
La decisión que adopte el Congreso marcará el rumbo de ese equilibrio. Y lo hará en un momento en el que la sociedad argentina discute no solo cómo quiere trabajar, sino también cómo quiere ser informada.
