El Gobierno nacional salió a defender públicamente la reforma laboral incluida en el proyecto de ley enviado al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias. El encargado de ponerle voz a la iniciativa fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien justificó los cambios como una supuesta “modernización”, aunque en los hechos implican una mayor precarización de las condiciones de trabajo.
En una entrevista con Radio Mitre, el funcionario repasó los principales ejes de la denominada Ley de Modernización Laboral, que introduce modificaciones en vacaciones, indemnizaciones, horas extras y licencias médicas. Bajo el discurso de la “flexibilidad” y la “incertidumbre empresarial”, el Ejecutivo insiste en trasladar el costo del ajuste al mundo del trabajo, en línea con la orientación general del gobierno de Javier Milei.
Uno de los puntos defendidos por Sturzenegger fue la modificación del régimen de vacaciones. Según explicó, el proyecto busca eliminar los plazos establecidos actualmente por la ley laboral, permitiendo que el período de descanso se defina “por mutuo acuerdo” entre empleador y trabajador. “Eso es un poco lo que están pidiendo los jóvenes”, afirmó el ministro, en una generalización que vuelve a omitir la desigualdad estructural existente en cualquier relación laboral, donde el margen real de negociación suele estar del lado del empleador.
En materia de indemnizaciones, el funcionario calificó al régimen vigente como “uno de los más generosos”, pero apuntó contra el Poder Judicial al sostener que la posibilidad de fallos elevados genera “incertidumbre” en los despidos. Bajo ese argumento, el Gobierno propone limitar y tipificar los montos, reduciendo el margen de reclamo de los trabajadores y acotando la capacidad de los jueces de reparar despidos abusivos.
Sturzenegger también explicó que el esquema prevé la creación de un fondo financiado con aportes que realizarían las empresas, con respaldo estatal, para cubrir eventuales litigios laborales. En otras palabras, el Estado asumiría un rol clave para garantizar previsibilidad a los empleadores, mientras se debilitan las herramientas de protección para quienes pierden su empleo.
Otro de los ejes polémicos es el de las horas extras. El ministro negó que se eliminen, pero confirmó la implementación de un “banco de horas”, que permitirá compensar jornadas extendidas con menos horas de trabajo en otros días. Aunque presentado como un acuerdo voluntario, el mecanismo vuelve a apoyarse en una ficción de igualdad entre partes, ignorando la presión que suele recaer sobre los trabajadores para aceptar condiciones desfavorables.
Finalmente, el titular de Desregulación se refirió a las licencias por enfermedad y dejó entrever cambios que habilitarían a las empresas a reasignar tareas a quienes regresen tras ausencias prolongadas. “Le tiene que dar un trabajo, pero puede ser distinto al de antes”, sostuvo, abriendo la puerta a modificaciones unilaterales en las condiciones laborales de personas que atravesaron problemas de salud.
La defensa cerrada de Sturzenegger confirma la orientación del Gobierno: avanzar en una reforma laboral que, bajo el rótulo de modernización, recorta derechos históricos y consolida un modelo que prioriza la rentabilidad empresaria por sobre la estabilidad y la protección de los trabajadores. Una vez más, el ajuste no pasa por la casta que el oficialismo prometió combatir, sino por quienes viven de su trabajo.
