En una sesión extensa y con fuerte debate político, el Senado de la Nación aprobó la media sanción del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa, que introduce cambios en el régimen de vacaciones, indemnizaciones, jornada laboral y aportes, será ahora girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
En materia de vacaciones, la reforma establece que deberán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque habilita que, por acuerdo entre las partes, puedan gozarse fuera de ese período. El empleador deberá notificar la fecha de inicio con una antelación mínima de 30 días, mientras que los convenios colectivos podrán definir mecanismos distintos según la actividad. También se autoriza el fraccionamiento del período vacacional, siempre que cada tramo no sea inferior a siete días corridos, y se fija la obligación de garantizar que cada trabajador tome vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada tres años.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación del régimen de indemnizaciones. En los casos de despido sin justa causa, se mantiene el criterio de un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses, pero se redefine la base de cálculo. Ya no se incluirán conceptos como aguinaldo, premios, horas extras ni bonos. Además, se establece un tope máximo equivalente a tres veces el salario promedio del convenio colectivo aplicable y un piso mínimo del 67% de la remuneración mensual habitual, que no podrá ser inferior a un mes de sueldo. El texto aprobado también dispone que el cobro de la indemnización extingue cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, con excepción de las acciones penales.
La reforma contempla, además, el pago de la indemnización en cuotas cuando exista una sentencia judicial desfavorable para el empleador. En el caso de las grandes empresas, el pago podrá realizarse en hasta seis cuotas mensuales, mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extiende hasta doce cuotas, ajustadas por la variación del IPC más una tasa de interés anual del 3%. Para los contratos a plazo fijo rescindidos antes de su vencimiento, la indemnización se calculará considerando la antigüedad que se hubiera generado hasta el final del contrato original.
Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo voluntario que podrá reemplazar el régimen tradicional de indemnizaciones mediante convenios colectivos. El fondo será financiado por los empleadores, se depositará en cuentas especiales bajo un esquema similar a un fideicomiso y contará con control compartido con los sindicatos que adhieran. En caso de utilizarse, la transferencia al trabajador deberá concretarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
En cuanto a la jornada laboral, el proyecto habilita la creación de bancos de horas y sistemas de compensación de horas extras, siempre de manera voluntaria, por escrito y con negociación sindical. El texto subraya que deberán respetarse los descansos mínimos legales y que cualquier modalidad de jornada reducida solo podrá implementarse si está prevista en leyes, contratos individuales o convenios colectivos.
Durante el tratamiento en el Senado, también se introdujeron cambios y se descartaron artículos del proyecto original. Se eliminó la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, se descartó el pago de salarios a través de billeteras virtuales y se mantuvieron las alícuotas actuales de aportes a las obras sociales. Asimismo, se resolvió que la derogación de estatutos y regímenes especiales entre en vigencia 180 días después de sancionada la ley.
El texto aprobado mantiene el aporte solidario a los gremios por un plazo de dos años, con un tope del 2%, y fija nuevos porcentajes de contribuciones empresarias. También amplía el listado de servicios considerados esenciales, entre ellos el cuidado de menores, la educación en distintos niveles, el transporte de caudales y los servicios de seguridad privada. A partir del 1 de enero de 2028, los aportes a asociaciones empresarias y sindicales pasarán a ser voluntarios y requerirán consentimiento individual expreso.
Con la media sanción obtenida en el Senado, la reforma laboral entra ahora en una etapa clave de definición en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley.
