Javier Milei anunció que su gobierno impulsará una profunda reforma del régimen laboral con el objetivo de “darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”. La medida se presenta en un contexto en el que casi la mitad de la población ocupada trabaja en condiciones informales, una problemática estructural que atraviesa el mercado laboral argentino desde hace décadas.
“Por demasiado tiempo, la incertidumbre jurídica respecto al contenido de los contratos de trabajo ha empujado a cientos de miles de trabajadores a la informalidad”, afirmó el mandatario al presentar la iniciativa, que buscará reducir costos laborales y generar incentivos para el empleo formal.
Según los últimos datos del INDEC, la informalidad laboral alcanzó el 43,2 % del total de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2025. Esto representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024 y de 1,2 puntos en comparación con el primer trimestre de este año. Esta categoría incluye empleos sin aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas ni estabilidad laboral.
La precariedad afecta con más fuerza a los sectores más jóvenes: seis de cada diez personas de hasta 29 años trabajan en la informalidad, cifra que desciende al 36,5 % en la población de entre 30 y 64 años. Además, la situación varía según el tipo de empleo: el 36,1 % de los asalariados y el 62,4 % de los cuentapropistas se encuentran fuera de la formalidad.
De acuerdo con un informe de la consultora Invecq, este fenómeno impacta no solo en la calidad de vida de los trabajadores -que perciben salarios más bajos y carecen de derechos básicos- sino también en el sistema previsional, ya que la ausencia de aportes y contribuciones erosiona su base de ingresos. La organización advirtió que para igualar los aportes de un trabajador formal se necesitan 27 monotributistas.
El informe también muestra cómo la estructura del empleo formal ha cambiado en la última década: entre 2012 y junio de 2025, el trabajo privado registrado creció solo 3,1 %, mientras que el empleo público aumentó 33,7 % y el monotributo 64,8 %. De los dos millones de puestos formales generados en ese período, apenas el 9,4 % correspondió al sector privado, mientras que más del 85 % surgió de formas más precarias o estatales.
Especialistas coinciden en que el elevado costo laboral argentino es uno de los factores que desalientan la contratación formal. Según Invecq, el país presenta uno de los costos más altos de la región, con un 70 % de carga sobre el salario. A su vez, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que las contribuciones patronales representaron el 21,2 % del costo laboral total en 2024, ubicando a Argentina en el décimo lugar de un ranking de 39 países.
Por su parte, el think tank Fundar señaló que una eventual reforma laboral no necesariamente incrementará la cantidad de empleos de forma inmediata, pero podría mejorar su calidad y favorecer la formalización. “La creación de empleo registrado está fundamentalmente vinculada al crecimiento económico sostenido”, sostuvo la entidad.
Otro punto de debate es la litigiosidad laboral. Invecq advirtió sobre un incremento en los juicios en el primer cuatrimestre de 2025, lo que -según el organismo- encarece aún más la contratación. Sin embargo, desde el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos relativizó esta afirmación: “La cantidad de juicios laborales es ínfima en comparación con el número de violaciones a los derechos laborales”.
Campos remarcó que “la mayoría de los reclamos laborales son sencillos y se evitarían si las empresas cumplieran con la ley”. Además, apuntó a los problemas estructurales de las PyMES, como la baja rentabilidad y la debilidad del mercado interno, que empujan a muchos empleadores a incumplir normativas laborales para reducir costos.
El Gobierno ya había intentado modificar el régimen laboral mediante el Decreto 70/2023, pero el capítulo laboral fue declarado inconstitucional.
