Este martes, familiares, personas con discapacidad, profesionales de la salud y la educación se movilizaron a Plaza de Mayo para denunciar los recortes en el área y visibilizar el vaciamiento de políticas públicas destinado al sector. La protesta, organizada por diferentes colectivos y organizaciones sociales, apuntó directamente al Gobierno nacional y a la gestión del presidente Javier Milei, a quien acusan de impulsar un ajuste que afecta gravemente los derechos de las personas con discapacidad.
La movilización tuvo lugar frente a la Casa Rosada, donde manifestantes expresaron su repudio a la situación crítica que atraviesan, con pancartas, banderas y testimonios que reflejaron la angustia de un sector históricamente vulnerado. «Esta gestión genera intriga contra grupos de la sociedad históricamente excluidos, profundiza su estigmatización y se ausenta cruelmente de sus obligaciones», expresó Maive Carone Fernández, integrante de la asamblea Discas en Lucha.
Desde la organización señalaron que el ajuste se traduce en múltiples trabas burocráticas que dificultan el acceso a derechos básicos, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o las pensiones no contributivas. Carone Fernández denunció que ahora deben obtener turnos telefónicos para realizar trámites en sedes que muchas veces quedan lejos o directamente no existen, lo que lleva, en muchos casos, a la pérdida de pensiones que representan apenas el 70% de una jubilación mínima.
También acusaron al Gobierno de vaciar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desarticular su presencia territorial, y modificar requisitos clave para el otorgamiento de pensiones y certificaciones. «Estamos ante una campaña de desprestigio contra la ANDIS y las personas con discapacidad. Además de la persecución judicial y mediática, hay una profunda precarización de quienes trabajan en salud y educación dentro del sistema», agregó Carone.
Los manifestantes advirtieron que continuarán movilizándose hasta que el Gobierno dé marcha atrás con las medidas que afectan al colectivo y restituya las políticas públicas que garanticen su inclusión y sus derechos.