Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que entre enero y agosto de 2025, la ejecución del gasto público cayó un 31% en términos reales. Los recortes golpean fuerte a salud, educación, obra pública y ciencia, mientras que partidas vinculadas a espionaje y seguridad crecen, dejando en evidencia las prioridades de la «motosierra» de Milei.
El CEPA publicó un informe titulado “La Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional — datos a agosto 2025” en donde analiza la magnitud del ajuste fiscal que emprende el gobierno Nacional y su impacto en la vida de las personas.
En específico, el informe detalla que en el periodo enero 2023 hasta agosto 2025 hubo una caída del 31% en términos reales del gasto púbico. A su vez, las áreas más afectadas fueron salud, educación, servicios sociales y transferencias a provincias.
Seguridad Social concentra el 58% del gasto total; los Servicios de Deuda pesan 9%., Transferencias a provincias y municipios: múltiples rubros con ejecución cercana al −100% (asistencia financiera y fondos de fortalecimiento). Mientras que Programas sociales, salud, educación, ciencia y obra pública presentan caídas de entre −30% y −100%, según el ítem.
Por contrario, la Secretaría de Inteligencia tuvo un aumento de +23% de ejecución interanual.
Cabe señalar que estas cifras no son números fríos, sino que forman parte de decisiones políticas que el gobierno aplica en deterioro de la sociedad.
Los más afectados por la “motosierra”
La ejecución presupuestaria en salud muestra caídas severas en programas de prevención y atención primaria, muchos con ejecución nula, y retrocesos importantes en organismos de control y regulación sanitaria. La falta de detección y seguimiento de enfermedades crónicas amenaza con incrementar la demanda de urgencias y de prestaciones complejas, tensionando hospitales y alargando listas de espera en cirugías y tratamientos especializados. Además, la reducción de recursos en organismos como ANMAT y Malbrán limita la capacidad de vigilancia epidemiológica y control sanitario.
En educación, la anulación de programas de conectividad y los recortes en incentivos, formación docente y becas profundizan la desigualdad. La falta de inversión en infraestructura y mantenimiento de jardines y escuelas puede derivar en cierres temporales y pérdida de aprendizajes tempranos, generando efectos acumulativos en la trayectoria escolar de miles de estudiantes.
La ciencia, la innovación y la obra pública también sufren un retroceso estructural: los recortes en CONICET, CONAE y programas de investigación ponen en riesgo proyectos, contratos y becas, provocando fuga de talento y debilitando la capacidad productiva del país. Paralelamente, la paralización de rutas, obras municipales y transferencias al interior congela inversión, deteriora la infraestructura local y afecta directamente el empleo y los costos logísticos de los gobiernos subnacionales.
Seguridad e inteligencia: prioridades redistribuidas
Mientras las fuerzas operativas y programas de seguridad reciben recortes significativos, la Secretaría de Inteligencia incrementó su presupuesto, creciendo en términos reales. Esta reasignación evidencia una priorización política que privilegia la centralización de información y el espionaje por sobre la seguridad territorial y operativa. La combinación de recortes en servicios esenciales y aumento en inteligencia plantea dudas sobre la eficacia en la gestión de seguridad y la transparencia en el uso de recursos.
