Un nuevo escándalo sacude a la ciudad bonaerense de Balcarce y vuelve a poner en debate el rol del Estado, el control sobre las instituciones de cuidado y la liviandad con la que se administran espacios sensibles en un contexto de retiro estatal promovido desde el Gobierno nacional de Javier Milei. En el centro de la escena aparece Alejandra Género, presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, acusada de ejercer violencia verbal extrema contra menores a su cargo.
Género quedó expuesta junto a Marisa Benaduche, trabajadora del hogar convivencial, tras la difusión de audios de más de 40 minutos en los que se escuchan insultos, gritos y amenazas dirigidas a niños y adolescentes alojados en la institución. El material, de una crudeza alarmante, motivó la intervención de la Justicia de Mar del Plata, que dispuso el procesamiento de ambas y ordenó una restricción de acercamiento a los menores involucrados.
La causa se originó a partir de una situación de crisis emocional de uno de los chicos, quien rompió un vidrio al enterarse de que podría ser separado de su hermano y trasladado a otro hogar. Lejos de recibir contención, el niño fue sometido a un violento ataque verbal por parte de Género, quien, según los audios, reaccionó con amenazas físicas y humillaciones.
Entre las frases que se escuchan con total nitidez figuran expresiones como: «Si llegas a escupir, te rompo la cara», «Cállate la boca porque te pego una cachetada», «Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio» y «Me lo van a tener que pagar». En otro tramo del audio, la violencia alcanza niveles aberrantes: «Si vos te volves a hacer las necesidades encima, te voy a meter la mano en el inodoro y te la vas a chupar delante de todos».
El hogar de la Sociedad de Protección a la Infancia aloja a niños y adolescentes que, por disposición judicial o intervención del Servicio Local, no pueden convivir temporalmente con sus familias. Su función central es garantizar bienestar, contención emocional y acompañamiento educativo hasta que se resuelva su situación. Nada de eso parece haber ocurrido en este caso.
El perfil de Género agrava aún más el episodio. En 2013 fue candidata a segunda concejal en Balcarce por la Lista 501 «Unidos por la Libertad y el Trabajo». En aquella campaña, de manera paradójica, su plataforma incluía la lucha contra la violencia de género y la creación de espacios de contención para mujeres en situación de vulnerabilidad.
Este caso no es un hecho aislado ni puede leerse por fuera del clima político actual. Mientras el Gobierno nacional pregona el achicamiento del Estado, desfinancia políticas públicas y relativiza el rol de los organismos de protección, proliferan instituciones sin control efectivo, donde los derechos más básicos quedan librados a la arbitrariedad de quienes las conducen.
La violencia contra niños no es una anécdota ni un «exceso verbal»: es un delito y una grave violación a los derechos humanos. El caso de Balcarce expone con crudeza las consecuencias de un modelo que desprecia la protección social y mira hacia otro lado cuando los más vulnerables quedan a merced del maltrato y la impunidad.
