Las provincias de Neuquén, Formosa, Misiones y Salta iniciaron presentaciones judiciales para frenar las bajas masivas de pensiones por discapacidad implementadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con más de 110.000 pensiones por invalidez dadas de baja —muchas de forma irregular— y tras el precedente de Formosa, donde la Justicia Federal ordenó a la ANDIS reactivar en 24 horas las pensiones suspendidas, el Gobierno de La Rioja se suma ahora a las acciones legales para proteger a las familias afectadas por el ajuste del gobierno de Milei.
Frente al avance del ajuste nacional que impacta directamente sobre los sectores más vulnerables, las administraciones provinciales han encontrado en el Poder Judicial un escudo para proteger los derechos de sus ciudadanos.
- Las provincias alzan la voz contra el ajuste
En las últimas semanas, Misiones, Neuquén, Formosa y Salta iniciaron acciones legales para revertir las bajas en las pensiones por discapacidad.
En Misiones, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli anunció la medida: «Hace varios meses vemos muchos derechos vulnerados, especialmente de las personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas». El gobierno misionero acudió a la Justicia federal junto con Fiscalía de Estado y una ONG, presentando más de 100 casos testigos afectados.
En Neuquén, el Gobierno provincial y la Defensoría Federal presentaron un reclamo judicial solicitando la restitución de beneficios, el pago retroactivo y la revisión del procedimiento de auditoría, señalando que las bajas vulneran derechos esenciales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En Salta, el Defensor del Pueblo, Federico Núñez Burgos, anunció que iniciará una presentación judicial de carácter protector para exigir que, mientras se desarrollen las auditorías de la ANDIS, no se suspendan los pagos de las pensiones no contributivas.
- La Justicia marca precedente
La Justicia estableció jurisprudencia que frena la «motosierra» del gobierno de Milei en discapacidad. En Formosa, la jueza federal María Belén López Macé ordenó a la ANDIS reactivar en 24 horas las pensiones suspendidas, tras una medida cautelar presentada por la Asociación Camino Azul. El fallo incluye casos «indubitados», personas con discapacidad evidente a quienes no se les debió suspender los beneficios.
Similar resultado ocurrió en Neuquén, donde el Juzgado Federal ordenó a la ANDIS «el inmediato restablecimiento del pago» de una pensión contributiva suspendida.
Hoy, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, instruyó a todas las áreas legales del Estado para trabajar junto con Asesoría de Gobierno en la defensa de las personas afectadas.
Las acciones judiciales provinciales evidencian una respuesta para frenar el ajuste del gobierno de Milei en materia de discapacidad. Con fallos favorables que sientan precedente, las provincias demuestran que el federalismo puede convertirse en la principal barrera institucional contra políticas que vulneran derechos fundamentales de los sectores más vulnerables de la sociedad.
