Lo acusan por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que castiga con una pena de prisión de aproximadamente seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El juez federal, Sebastián Casanello procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández en la causa en la que se lo investiga por presuntas irregularidades en el manejo de contratos de seguros de entidades públicas durante su mandato.
Fernández está acusado por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Se trata del primer procesamiento por corrupción que enfrenta Alberto desde que dejó la presidencial. Casanello ordenó un embargo de $14.634 millones sobre los bienes del expresidente, tras considerar que intervino directamente para beneficiar al bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, con quien tendría relación.
Según el juez, el expresidente no actuó como un espectador, ni siquiera como un facilitador pasivo. Para Casanello, Fernández fue un protagonista central en el plan de expansión de los negocios del grupo Martínez Sosa dentro del Estado. Esa expansión se tradujo en cifras: durante el gobierno de Fernández, el bróker embolsó comisiones por 2.252 millones de pesos, lo que representó casi el 60% del total que pagó Nación Seguros. Muy por encima del segundo actor del sector, la firma del bróker Pablo Torres García, que apenas alcanzó el 17%.
La causa también involucra a otros 33 imputados, entre ellos a María Cantero, esposa del bróker y secretaria privada del expresidente; y a Alberto Pagliano, exjefe de Nación Seguros, procesado por administración fraudulenta agravada. También aparecen los nombres de Mauro Tanos, exfuncionario de Nación Seguros, y su esposa, quienes habrían recibido sobornos canalizados a través de cooperativas ligadas a aseguradoras. Por eso, Casanello sumó a la lista los delitos de lavado de dinero y cohecho.