El juez federal Sebastián Casanello procesó al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, acusado de haber colaborado en la fuga de Jonathan Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, durante un allanamiento en su vivienda del exclusivo barrio privado del norte bonaerense.
De acuerdo con la investigación del fiscal Franco Picardi, De Vincentis habría actuado de manera activa para que Kovalivker eludiera a la Justicia, al mismo tiempo que bloqueó el ingreso de los efectivos policiales que contaban con orden de secuestrar teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la causa.
Casanello dispuso el procesamiento sin prisión preventiva y consideró a De Vincentis “prima facie autor de los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento”. Además, ordenó un embargo de dos millones de pesos sobre sus bienes.
En la resolución, el magistrado aludió a mensajes que reflejarían la existencia de un “protocolo no escrito” en Nordelta para obstaculizar allanamientos, lo que constituiría un modus operandi destinado a “no colaborar con las fuerzas de seguridad”. Según el juez, este mecanismo incluía la exigencia de que “todo pasara previamente por el área de Legales”, lo que generaba demoras que anulaban el factor sorpresa de los operativos.
Paralelamente, la defensa de los Kovalivker pidió la “nulidad absoluta” de la causa por presuntos sobornos, originada en audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En su presentación, el abogado Martín Magram denunció una afectación al derecho de defensa y un “inconmensurable perjuicio reputacional” contra sus clientes y la compañía, advirtiendo que la situación podría poner en riesgo el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional.
