El Gobierno Nacional habilitó al Estado a «enajenar total o parcialmente su participación accionaria» en la empresa. La medida también autoriza el corte de servicio por falta de pago.
Después del anuncio oficial, la semana pasada, a cargo del vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno Nacional dio este martes un nuevo paso para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
Mediante el Decreto 493/25, modificó el marco regulatorio de la compañía y habilitó la venta del 90% de las acciones a capitales privados. La Resolución establece que el Estado «podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria». El restante 10% del capital social de la empresa seguirá en poder de los empleados de la sociedad adheridos al Programa de Propiedad Participada.
El Gobierno justificó la decisión de privatizar AySA argumentando que la grave crisis económica actual impide al Estado continuar financiando y ampliando el servicio público de agua y saneamiento. Indicó que desde su reestatización en 2006 hasta 2023, la empresa recibió del Tesoro Nacional más de 13.400 millones de dólares, sin que esto se tradujera en mejoras significativas en su funcionamiento.
Según el Ejecutivo, pese a la millonaria asistencia estatal, la compañía mostró un deterioro en su eficiencia y productividad, con aumentos en los costos operativos y una caída en la productividad laboral. Además, se cuestionó el diseño institucional de la empresa, al considerarlo incapaz de garantizar un servicio eficiente. Con la privatización, se establecerá un nuevo régimen que incluso permitirá a la concesionaria cortar el suministro en caso de falta de pago, una medida cuestionada por su impacto social.