Con el desembolso inicial de USD 12.000 millones ya en marcha y la promesa de otros USD 3.000 millones antes de fin de año, el gobierno de Javier Milei vendió un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que trae consigo una serie de compromisos de fuerte ajuste económico. Entre ellos, la quita de subsidios a la energía, recortes sobre el sistema provisional y una aceleración del proceso de privatizaciones.
De acuerdo con el último «Staff Report» difundido por el organismo, la administración libertaria deberá implementar antes de diciembre un nuevo esquema de tarifas de electricidad y gas natural. La segmentación por ingresos actuales será eliminada y solo quedarán bajo cobertura estatal los sectores más vulnerables. Se estima que más de 3 millones de usuarios de clase media quedarán fuera del sistema de subsidios, encareciendo así sus boletas de luz y gas.
El ajuste no se limitará solo a las tarifas. El acuerdo también exige al Gobierno presentar antes de fin de año una propuesta de reforma del sistema jubilatorio, con diagnóstico y cambios estructurales que apuntan a reducir el gasto previsional, una de las áreas más sensibles del gasto público.
Además, el Gobierno deberá avanzar en la eliminación total de fondos fiduciarios —exceptuando uno vinculado al gas residencial—, desregular el Mercado Eléctrico Mayorista, y presentar un plan detallado para privatizar o concesionar empresas públicas que aún permanezcan bajo control estatal.
La hoja de ruta pactada con el FMI también incluye, entre otras, una reforma tributaria integral, el envío del proyecto de Ley de Presupuesto medidas 2026 al Congreso en septiembre, y un nuevo marco de responsabilidad fiscal.
Con estas reformas, Milei apostó a consolidar el respaldo financiero del FMI, pero a costa de profundizar un ajuste que impactará de lleno en el bolsillo de la clase media y de los sectores más vulnerables, en un contexto social ya marcado por el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza.