Noemí Casse, licenciada en Fonoaudiología con amplia trayectoria en el abordaje terapéutico de personas con discapacidad, alertó en declaraciones con Agencia de Noticias La Rioja sobre el duro contexto que atraviesa el sector y el impacto que tendría el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. “El Estado debe estar presente. Es su competencia garantizar que las personas con discapacidad vivan con dignidad”, dijo.
En las últimas semanas el Congreso aprobó por amplia mayoría la Ley de Emergencia en Discapacidad, no obstante, el presidente Javier Milei ratificó que vetará el proyecto y hay preocupación entre las familias, prestadores y organizaciones vinculadas a la discapacidad.
“La ley venía a poner un paño de agua fría frente al atropello de derechos que estamos viviendo. Hoy las expectativas son bajísimas debido a que el presidente anunció que va a vetarla”, sostuvo Casse.
A su vez, la licenciada Casse criticó el accionar del Gobierno Nacional en relación al envío masivo de cartas documento a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad, con el argumento de auditar el cumplimiento de requisitos. “Imaginate tener que demostrar algo que no va a cambiar. Y encima desde el interior, donde no hay especialistas ni conectividad adecuada”, indicó.
Casse también alertó sobre los problemas que atraviesan los prestadores debido a los recortes y congelamiento de fondos por parte de Nación: “Como prestadora, trabajamos en condiciones críticas: no recibimos aumentos desde octubre del año pasado, y nuestros honorarios están desfasados en un 70%. Además, las obras sociales recortan sesiones: por ejemplo si el neurólogo indica 12, aprueban 4 u 8. Hay medicamentos esenciales, como anticonvulsivos, que ya no tienen cobertura y cuestan más de $300.000, prácticamente el valor de una pensión. Las familias están desesperadas y sin respuestas.»
“Es una decidía en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, vemos realmente la impericia del gobierno nacional en no poder tender una mano”, afirmó.
Finalmente, la profesional resaltó “El Estado debe estar presente. Es su competencia garantizar que las personas con discapacidad vivan con dignidad. Necesitamos políticas públicas reales, que acompañen a las familias y no les agreguen más obstáculos. La ley aún no fue vetada, pero la realidad ya es crítica.”