El decreto del Gobierno que reduce los aranceles de importación de ropa y calzado ha encendido las alarmas en las provincias de La Rioja y Catamarca, dos de las principales productoras textiles del país. Mientras que la medida busca disminuir los precios al consumidor, el sector industrial advierte sobre su impacto en la producción y el empleo.
La normativa, publicada este lunes, baja los aranceles de la ropa y el calzado del 35% al 20%, de las telas del 26% al 18% y de los hilados del 18% a valores entre 12% y 16%. Según estimaciones privadas, esto podría generar una reducción del 3,6% en los precios finales, con un impacto marginal en la inflación.
Sin embargo, para La Rioja y Catamarca, donde el sector textil representa una de las principales fuentes de empleo, la medida podría traducirse en una crisis productiva. La flexibilización de las importaciones pone en riesgo a cientos de empresas que operan en estas provincias bajo regímenes de promoción industrial y que dependen de la protección arancelaria para competir con productos extranjeros.
Empresarios y trabajadores del rubro han calificado la decisión como un «industricidio», argumentando que se toma sin una reducción de la carga impositiva ni medidas contra el contrabando. Además, sostienen que la competencia con productos importados más baratos podría derivar en cierres de fábricas y despidos masivos, afectando el entramado económico de ambas provincias.
Según datos oficiales, la industria textil y del calzado genera más de 500.000 empleos en el país, con una alta concentración en regiones como el NOA. En este contexto, referentes del sector en La Rioja y Catamarca advierten que la rebaja de aranceles podría agravar la situación económica local y provocar un retroceso en el desarrollo industrial logrado en los últimos años.