El presidente Javier Milei firmó el lunes por la noche el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) concerniente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se compromete a cancelar deuda con el Banco Central y a hacer frente a vencimientos del organismo financiero. Según el decreto, se aprobarán las operaciones de crédito público que se llevarán a cabo entre el Poder Ejecutivo Nacional y el FMI, con plazos de amortización de diez años. Sin embargo, este decreto carece de información referente a los detalles del respaldo esperado del FMI, así como del monto del nuevo préstamo. Es fundamental destacar que, de acuerdo a la Constitución Nacional y la legislación vigente, este tipo de acciones deberían ser debatidas y aprobadas como proyecto de ley por el Congreso. Un DNU no tiene la legitimidad ni el sustento necesario para establecer cambios que afectan la deuda pública, lo que torna a esta medida inconstitucional.
Las disposiciones del DNU indican que estas operaciones se destinarán a cancelar las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central, así como también las operaciones de crédito público establecidas bajo el Programa de Facilidades Extendidas del 2022, cuyo vencimiento ocurra dentro de los próximos cuatro años. Sin embargo, este decreto carece de información referente a los detalles del respaldo esperado del FMI, así como del monto del nuevo préstamo, que aún debe ser aprobado por el organismo en Washington.
Es fundamental destacar que, de acuerdo a la Constitución Nacional y la legislación vigente, este tipo de acciones deberían ser debatidas y aprobadas como proyecto de ley por el Congreso. Un DNU no tiene la legitimidad ni el sustento necesario para establecer cambios que afectan la deuda pública, lo que torna a esta medida inconstitucional. Permitir que la aprobación de un acuerdo de tal magnitud se lleve a cabo a través de un decreto es un claro intento de eludir el control parlamentar y anular la función esencial del Congreso.
La medida, que ya ha generado controversia, está diseñada para pasar por un proceso legislativo, lo que implica que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene diez días hábiles para remitir el documento al Congreso, donde será deliberado por la comisión bicameral de Trámite Legislativo. Sin embargo, el gobierno parece confiar en que la oposición no podrá bloquear esta iniciativa.
Desde la oposición, se ha expresado una clara resistencia a esta maniobra. Quienes critican al presidente Milei argumentan que su decisión de presentar este acuerdo mediante un decreto es un ataque directo a la «Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública», aprobada por el Congreso en febrero de 2021, que exige autorización legislativa para firmar acuerdos con el FMI o emitir deuda pública. La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, ha señalado en sus redes sociales que este intento de aprobación a través de un DNU «viola la Constitución Nacional».
Este es un hecho más que evidencia el abuso de poder del presidente Javier Milei, quien parece estar decidido a minimizar la función del Congreso, un órgano esencial para el funcionamiento democrático del país. El camino que ha elegido Milei, al optar por un DNU, no solo es cuestionable desde el punto de vista legal, sino que también refleja una clara falta de respeto hacia el proceso legislativo y las instituciones democráticas. La constitucionalidad de esta medida debe ser defendida, y es imperativo que cualquier asunto tan crucial como el manejo de la deuda nacional sea tratado como merece: mediante un debate abierto y legítimo en el Congreso.
