En medio de un contexto económico cada vez más crítico para las trabajadoras y trabajadores argentinos, este lunes se confirmó el cierre definitivo de una de las plantas de la multinacional Kimberly-Clark, responsable de marcas como Huggies, Kleenex y Kotex. La medida dejó a 220 personas sin trabajo de forma repentina, y representa un nuevo capítulo en el deterioro del empleo industrial producto del ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La planta afectada es la que funcionaba en el Parque Industrial de Pilar, Buenos Aires. El viernes pasado, la empresa informó a su personal que el establecimiento permanecería cerrado durante el fin de semana por supuestas tareas de “mantenimiento”. Pero el sábado, los trabajadores comenzaron a recibir telegramas de despido, y este lunes se encontraron con las puertas cerradas definitivamente.
Desde la compañía argumentaron que la decisión responde a una “estrategia de optimización y crecimiento sostenible”, que incluye el traslado de sus activos a la planta de San Luis, la única que permanecerá operativa en el país. “La inversión contempla la mejora de infraestructura y tecnología en San Luis y el traslado de los activos de Pilar a esa sede”, señalaron desde Kimberly-Clark en un comunicado.
Sin embargo, detrás de esa justificación empresarial se esconde una realidad ineludible: el modelo económico nacional está dejando un tendal de trabajadores en la calle. En los últimos meses se multiplicaron los cierres de pymes, industrias y comercios, en un escenario dominado por la caída del consumo, la apertura indiscriminada de importaciones y la paralización del mercado interno.
Este lunes, los trabajadores despedidos realizaron una protesta frente a la fábrica clausurada. Desde el sindicato de Papeleros admitieron que, al tratarse de una multinacional, la medida parece irrevocable, por lo que ahora centran sus reclamos en mejorar las condiciones de desvinculación.
El caso de Kimberly-Clark no es un hecho aislado. Es una nueva consecuencia directa de un plan económico que beneficia a los grandes capitales, pero deja a las y los trabajadores sin futuro. A cada cierre, a cada despido, el Gobierno de Milei responde con indiferencia, mientras los sectores populares siguen pagando el precio de un ajuste brutal y sin freno.
En menos de seis meses, ya se cuentan por miles los puestos de trabajo perdidos en todo el país. Ahora, se suman más de 200 familias que quedan a la deriva, víctimas de un modelo que achica la industria nacional y debilita la soberanía productiva.