El presidente Javier Milei volvió a sufrir un golpe judicial en su intento por perseguir a voces críticas. Esta vez, la Justicia lo obligó a desembolsar $5.646.480 en concepto de honorarios tras perder la demanda por «calumnias e injurias» que él mismo había impulsado contra el periodista Nicolás Lantos, de El Destape, quien resultó finalmente sobreseído.
La denuncia contra Lantos formó parte de una oleada de presentaciones judiciales que Milei lanzó en los últimos meses contra comunicadores opositores. Antes había apuntado contra Ari Lijalad, a quien acusó insólitamente de violar definiciones del IHRA por un artículo crítico, y luego contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico. El objetivo, según los involucrados, siempre fue el mismo: disciplinar a la prensa y amedrentar a quienes cuestionan su discurso.
En el caso de Lantos, la denuncia se originó a partir de un comentario editorial del 16 de mayo, en el que el periodista señaló similitudes entre el lenguaje del oficialismo y ciertos símbolos y estrategias vinculadas históricamente al nazismo. El presidente respondió con una acusación penal. Pero la Justicia no solo desestimó sus argumentos: también determinó que uno de los símbolos mencionados por el periodista efectivamente tenía relación con la iconografía nazi, lo que reforzó la validez del análisis realizado.
Tras el fallo, Lantos volvió a denunciar públicamente la ofensiva del mandatario: «El presidente Milei busca silenciar a periodistas y críticos judicializando la disidencia, mientras adopta símbolos y discursos de la extrema derecha global», afirmó. En un texto posterior, advirtió que el Gobierno despliega «una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático».
La resolución judicial no solo representa una victoria para el periodista: también expone una vez más la estrategia de intimidación del presidente hacia el periodismo crítico. Ahora, además de la derrota política y simbólica, Milei deberá pagar más de cinco millones de pesos por una denuncia que buscó instalar como ejemplo de «defensa de su honor», pero que terminó mostrando el costado más persecutorio de su gestión.
