Desde este mes, las tarifas de gas natural subirán entre un 2,6% y 2,8% en todo el país, tras la implementación de los nuevos esquemas tarifarios para transporte y distribución aprobados por el Gobierno nacional. Cerca de 20 resoluciones publicadas recientemente por el ENARGAS en el Boletín Oficial oficializaron estos ajustes que, aunque moderados en comparación con la inflación, vuelven a impactar en el bolsillo de los consumidores argentinos.
Según las resoluciones, las subas responden a las revisiones tarifarias quinquenales que realiza el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), sumadas a la actualización previa de los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Sin embargo, expertos advierten que el incremento anunciado está por debajo del ajuste necesario para cubrir los costos reales, mientras que supera la evolución estimada de la inflación para junio, lo que anticipa una presión creciente sobre los usuarios.
El Gobierno se encuentra en un evidente equilibrio precario: por un lado, busca evitar atrasos en las tarifas que generen un mayor desfinanciamiento estatal y profundicen el gasto en subsidios; por otro, enfrenta el desafío electoral de no erosionar aún más el poder adquisitivo de la población, que ya arrastra una alta inflación y pérdida de salario real.
En paralelo, el Ejecutivo decidió no trasladar a los consumidores la totalidad del aumento correspondiente al servicio eléctrico, una medida que, irónicamente, ha dejado a sectores acomodados como residentes en countrys y Puerto Madero con subsidios en invierno, a pesar de que hasta ahora habían perdido estos beneficios. Esta decisión evidencia la creciente segmentación en el acceso a subsidios, que benefician más a grupos con mayor capacidad económica mientras la clase media y baja sufren incrementos tarifarios continuos.
En definitiva, esta nueva actualización de tarifas refleja la compleja gestión del Gobierno para administrar una economía en tensión, donde la reducción de subsidios se impone como una necesidad fiscal, pero que termina descargándose sobre los usuarios sin un verdadero alivio ni una estrategia clara para proteger a los sectores más vulnerables.