A pesar del frío, la lluvia y un fuerte operativo policial, cientos de jubilados volvieron a marchar ayer frente al Congreso de la Nación. Lo hicieron con un reclamo claro: que se respete el aumento aprobado en el Senado y que el Gobierno nacional deje de hacer equilibrio fiscal a costa de los sectores más vulnerables. Fue la imagen de una ciudadanía mayor que no se resigna y que sigue saliendo a la calle, aún en condiciones adversas, para hacer valer sus derechos.
La protesta se dio en respuesta al anuncio del Ejecutivo de vetar el aumento para jubilaciones mínimas que logró el aval legislativo días atrás. La decisión, que el presidente Milei justifica en nombre del déficit cero, pone nuevamente en debate qué entiende el Gobierno por justicia social y a quiénes elige ajustar. La escena de los jubilados caminando por las veredas, cercados por vallas y custodiados por fuerzas federales, fue una postal cruda del momento que atraviesa el país.
El Ministerio de Seguridad desplegó un operativo desproporcionado, con cordones policiales que bloquearon el paso e impidieron la circulación de manifestantes por la vía pública. La medida fue interpretada como un mensaje político: disciplinar la protesta y mostrar fuerza frente a un colectivo que, lejos de representar una amenaza, exige apenas poder vivir con dignidad.
La jornada también dejó al descubierto un creciente malestar social que trasciende a los jubilados. El respaldo de distintos sectores políticos y sociales muestra que, detrás del reclamo previsional, se está gestando una respuesta más amplia frente al rumbo económico del Gobierno. El veto al aumento no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática que relega a quienes trabajaron toda su vida y hoy sienten que el Estado les da la espalda.
Con esta nueva marcha, los jubilados ratificaron que no están dispuestos a callar ni a aceptar pasivamente las consecuencias del ajuste. Le hablan al Congreso, al Ejecutivo y también a la sociedad. Lo que está en juego no es sólo un incremento en los haberes, sino el modelo de país que se está construyendo. Uno en el que el equilibrio fiscal se celebra, aunque sea sobre la base del sufrimiento de quienes más necesitan.