El gobierno de Javier Milei avanza en una nueva etapa de reducción del Estado y proyecta recortar hasta un 10% del empleo público durante 2026, en el marco de su política de ajuste fiscal. La medida podría implicar más de 27.000 desvinculaciones a lo largo del año, entre la administración nacional, empresas públicas y sociedades del Estado.
Según fuentes oficiales, en el corto plazo se prevé una nueva tanda de bajas que rondaría entre 5.000 y 6.000 puestos. Sin embargo, el objetivo anual es más amplio y forma parte de una estrategia sostenida desde el inicio de la gestión, que ya derivó en la eliminación de más de 60.000 empleos estatales.
A diferencia de etapas anteriores, el foco de los recortes estará puesto en organismos descentralizados. Entre las áreas bajo revisión aparecen dependencias como el INDEC, el CONICET, la ANSES, el INTA y el ENARGAS, donde se analizan reestructuraciones internas y reducción de personal.
Gran parte de las desvinculaciones se concretaría a través de la no renovación de contratos anuales, una modalidad habitual en el sector público. Desde el Ejecutivo sostienen que este mecanismo permite “avanzar en el ajuste sin recurrir exclusivamente a despidos directos”, aunque la situación genera incertidumbre entre los trabajadores.
El plan también contempla retiros voluntarios y revisiones de áreas consideradas sobredimensionadas. Según el Gobierno, el objetivo es llevar la estructura estatal a su “mínima expresión”, en línea con su programa de desregulación y reducción del gasto público.
Mientras el oficialismo defiende la medida como necesaria para ordenar las cuentas fiscales, desde sectores sindicales y de la oposición advierten sobre el impacto que podría tener tanto en el nivel de empleo como en el funcionamiento de áreas clave del Estado, en un contexto económico marcado por la recesión y la caída del empleo.
