El incremento del 35% se aplicará en tres tramos entre octubre y diciembre, según dispuso el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde las organizaciones advierten que el aumento es “insuficiente” y denuncian que el Gobierno no cumple la Ley de Emergencia en Discapacidad y que los valores siguen muy por debajo de los costos reales.
El Gobierno nacional dispuso este miércoles un aumento de hasta el 35% para los prestadores en discapacidad, que se implementará en tres etapas. Sin embargo, el Foro Permanente Discapacidad consideró que la medida es “claramente insuficiente” y denunció que la administración de Javier Milei “sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad”, aprobada por el Congreso en septiembre tras revertir el veto presidencial.
El incremento fue formalizado mediante la Resolución Conjunta 2/2025 del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de los titulares Mario Lugones y Alejandro Vilches.
De acuerdo con la normativa, la suba del nomenclador —que regula los valores que perciben los prestadores— será de entre 29,7% y 35,4%, distribuidos en tres tramos durante octubre, noviembre y diciembre. Desde la cartera sanitaria afirmaron que el objetivo es “mantener las prestaciones por encima de la inflación proyectada para 2025”.
El aumento alcanza a los profesionales y prestadores que brindan servicios de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación. En el detalle, las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y apoyo recibirán incrementos del 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, acumulando 34,53%. El resto de las prestaciones tendrán aumentos del 12%, 8,25% y 7%, respectivamente (29,73% acumulado).
Desde el Foro Permanente Discapacidad alertaron que, pese al anuncio, los valores siguen sin cubrir los costos reales de las instituciones y profesionales del área, y que no se ha reglamentado la Ley de Emergencia, lo que impide su aplicación efectiva. “El Estado continúa desfinanciando el sistema y vulnerando derechos”, expresaron en un comunicado.
