El gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo sistema de vouchers laborales, impulsado por la ministra Sandra Pettovello, que reemplazará los planes sociales por becas de capacitación. La medida genera fuertes críticas por la profundización del ajuste y el progresivo desmantelamiento de la asistencia social.
El gobierno del presidente Javier Milei avanza en reemplazar los planes sociales por un sistema de vouchers laborales, una iniciativa encabezada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que busca transformar los programas de transferencias directas en becas de capacitación vinculadas al mercado formal de trabajo.
Según informó Clarín, el nuevo esquema permitiría que las personas inscriptas en los actuales programas de ayuda económica utilicen un voucher estatal para financiar cursos de formación profesional, dictados por instituciones o empresas privadas. “Estamos trabajando en un sistema de vouchers para que la gente pueda capacitarse en trabajos útiles para cada región del país”, señalaron desde el entorno de Pettovello.
El plan se aplicará a través del Centro de Formación de Capital Humano y contempla acuerdos con compañías como Sinteplast y Arcos Dorados (McDonald’s). El Estado aportará la infraestructura y las empresas definirán los contenidos y la instrucción, un esquema que, según el Gobierno, “rompe con el asistencialismo y promueve la autonomía laboral”.
Sin embargo, los movimientos sociales y las organizaciones populares advierten que la medida implica un desmantelamiento del sistema de protección social. Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) señalaron que el Gobierno mantiene congelados los haberes —78 mil pesos desde 2023— y abandonó los comedores comunitarios. “El Estado abandonó a los trabajadores de la economía popular”, afirmó su secretario general, Alejandro Gramajo.
Los críticos también cuestionan la efectividad real del programa: técnicos del propio ministerio reconocen que solo un 10% de los beneficiarios actuales podría acceder a empleos formales por la baja calificación y la alta informalidad del mercado laboral.
A los cuestionamientos sociales se suman presentaciones judiciales impulsadas por el CELS, que denunció la suspensión de más de 73 mil beneficiarios y la eliminación de otros 2.260 planes, advirtiendo que el Ejecutivo viola el principio de no regresividad en materia de derechos sociales. “El Estado tiene la obligación de justificar si un programa se cierra o se modifica”, advirtió el organismo.
Con esta política, el Gobierno busca reconfigurar el sistema de asistencia que rigió en Argentina durante más de dos décadas —desde Jefes y Jefas de Hogar hasta Potenciar Trabajo— y que fue sostenido, con matices, por todas las administraciones anteriores.
Mientras tanto, las movilizaciones sociales se multiplican en todo el país y los movimientos populares anticipan que llevarán el debate al Congreso, en el marco de la discusión por la reforma laboral.
